Plantean nuevas objeciones contra las candidaturas de Lijo y García-Mansilla para la Corte​

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que reúne a 83 colegios de todo el país; la organización Poder Ciudadano, y la especialista en transparencia y derecho electoral, Delia Ferreira Rubio, impugnaron la candidatura del juez federal Ariel Lijo que el presidente Javier Milei postuló para integrar la Corte Suprema de Justicia.

En tanto, el Colegio de Abogados de la Ciudad planteó su adhesión a la postulación del académico Manuel García-Mansilla, decano de la Universidad Austral, a quien Poder Ciudadano y la FACA también impugnaron.

Dos notas firmadas por la presidenta de la FACA, Mariel Margarita Tschieder, y la secretaria de la entidad, Eloísa Raya de Vera, fueron elevadas al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Quién controla el juego de la política

Son parte de una serie de objeciones sobre Lijo que ya hicieron los diputados de la Coalición Cívica y organizaciones como Será Justicia, Rejia, Fores, la Academia Nacional de Derecho, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio de Abogados de la Ciudad, Acción Conjunta Republicana y Profesores Republicanos, entre otros.

Poder Ciudadano dijo de Lijo y García-Mansilla que “no cuentan con los consensos necesarios y tampoco con los criterios de integridad e independencia mínimos requeridos para cubrir los cargos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Resaltaron que no hay mujeres entre los postulantes, cuando “la Argentina cuenta con mujeres de gran experiencia y renombre en el campo jurídico que pueden ser parte de la Corte”.

“Esta postulación no sólo no daría cumplimiento a la normativa local sino que expresaría la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional en receptar las obligaciones y compromisos internacionales que nuestro país tiene con la igualdad y equidad de género”, señalaron, y pidieron a Milei que reconsidere las postulaciones.

A Lijo, en particular, lo cuestionaron por la causa Ciccone, el caso YPF, donde actuó con mora, y el caso Siemens, donde la empresa confesó haber pagado coimas pero el juez archivó el expediente y nunca indagó a los funcionarios sospechosos. También, por las 15 denuncias que enfrentó en el Consejo de la Magistratura. Poder Ciudadano mencionó la investigación sobre su patrimonio, que incluye un haras y una aseguradora a nombre de su hermano.

“Para la Fundación Poder Ciudadano resulta evidente que esta postulación no reviste esos requisitos mínimos de integridad exigibles, aspecto complicado ante la alarmante cantidad de sospechas fundadas que se han acumulado alrededor de este”, dijo.

Con respecto a García-Mansilla, cuestionaron –además de la cuestión de género– su interpretación en contra de la obligación de los jueces a jubilarse a los 75 años y su cuestionamiento al fallo FAL, que establece los criterios sobre la interrupción legal del embarazo.

Delia Ferreira Rubio, expresidenta de Transparencia Internacional y consultora en materia de lucha contra la corrupción, dijo en su impugnación, redactada en inglés, que hay quejas sobre Lijo acerca de la “manipulación de tiempos procesales y paralización de los casos en trámite”, además de “sospechas sobre su patrimonio, vínculos con instancias judiciales, lobistas, dudas sobre conflictos de intereses, sospechas de sesgo hacia la economía o intereses políticos, además de otros ligados a su falta de especialización en Derecho Constitucional que es competencia de la Corte”. Asimismo, mencionó “la falta de estudios académicos relevantes, de antecedentes y la falta de atención a los parámetros de diversidad de género”.

“Todas las situaciones y comportamientos reportados están relacionados con el mayor problema que afecta al juez Lijo: falta de integridad”, sentenció la abogada y mencionó que los jueces “deben ser irreprochables y su integridad debe ir más allá duda. Deben ser honestos y parecer rectos”. Y agregó: “La conducta del juez Lijo está lejos de evitar estas dudas y apariencias. El juez Lijo no cumple con estos parámetros de integridad que son esenciales en el Poder Judicial”.

Señaló la abogada que “las acciones del juez Lijo, las numerosas denuncias presentadas en su contra y la objeciones planteadas a su nombramiento por asociaciones profesionales, empresarias e instituciones académicas crean dudas y sospechas sobre su falta de independencia e imparcialidad. El candidato carece de integridad y propiedad que son esenciales para generar confianza pública y contribuir al ordenamiento jurídico, certeza esencial en una república”.

El decreto 222, que regula al designación de jueces de la Corte, establece un plazo, que vence el 8 de mayo, para que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil presenten impugnaciones o apoyos a los candidatos. El Ministerio de Justicia debe procesar estas expresiones a favor y en contra e informar sobre ellas al Senado antes de que avance con las entrevistas personales de los candidatos y, finalmente, con la votación para determinar si aprueba o no sus pliegos.

Por el lado de los apoyos, Lijo cosechó el aval de casi todos los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py, de jueces de la Cámara Federal y también algunos de la Cámara Federal de Casación.

En el caso de García-Mansilla, el Colegio de Abogados de la Ciudad planteó una elogiosa adhesión a su postulación. Dijo, tras analizar sus escritos, libros y artículos académicos, que “posee sobresalientes méritos para poder integrar el más alto tribunal de la Nación”.

“En su persona se conjugan, de un modo que es poco frecuente, antecedentes que lo califican con la excelencia que uno espera hallar en una persona postulada para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, ya que “posee la formación práctica de un abogado que ha ejercido la profesión” con carácter “disciplinado, eficiente y con un profundo sentido del deber” y, por otro lado, “posee conocimientos teóricos propios de un académico e investigador del derecho constitucional, cuyos trabajos son referencia obligada”.

En cambio, la Federación de Colegios de Abogados dijo con respecto a Lijo que no tiene antecedentes para el cargo de juez de la Corte y, con respecto a García-Mansilla, que la vacante no está disponible, pues el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda cumple 75 años el 29 de diciembre y recién entonces debe dejar el cargo, según la Constitución.

La nota enviada a Cúneo Libarona por Lijo señala que “existe una importante oposición, reparo y ciertas dudas en sectores vinculados al Poder Judicial”. Mencionaron que “su posible nombramiento genera resistencia y falta de confianza en parte de la sociedad por comportamientos mantenidos en su función de magistrado”.

Hablaron de “falta de antecedentes académicos suficientes”, de su falta de experiencia en la actividad privada y de que Lijo “es penalista y dicha materia no es propia de la Corte Suprema de Justicia, cuya función principal es asegurar el cumplimiento de la Constitución y no la competencia ordinaria”.

En ambos casos, argumentaron con fuerza dada la condición de varones de los dos postulantes, pues se incumple con un mandato convencional que recomienda el respeto de la paridad de género. “Sostenemos que las postulaciones de dos varones resultan improcedentes en cuanto a que no solo contravienen nuestro orden constitucional, la normativa internacional y compromisos asumidos por el Estado Argentino sino que también resultan contrarias al Decreto 222/2003″, señala la nota.

​ La Federación Argentina de Colegios de Abogados, Poder Ciudadano y la abogada Delia Ferreira Rubio plantearon reparos al juez; el académico cosechó el apoyo del Colegio de Abogados de la Ciudad  Política