Atacar al narco en todos sus frentes​

Creer que el narcotráfico se solucionará solo o con parches es transitar la senda del realismo mágico. Resulta importante destacar los avances que se vayan alcanzando en una sociedad donde, tristemente, se ve cada vez a más personas cooptadas por la droga. Esos avances nunca serán suficientes y habrá quienes, con razón, entiendan que muchas veces el objetivo es solo búsqueda de rédito político. Cortar el último eslabón de la cadena comercial de los narcos es clave para evitar que las drogas lleguen con tanta facilidad a los jóvenes.

Del mismo modo, resulta clave que se agoten todos los esfuerzos para intensificar los controles, unificar criterios de seguridad y judiciales, repensar una legislación que, tal como está, poco ha podido hacer frente a semejante flagelo.

Precisamente, el lunes último, en Mendoza, se realizó una reunión del Consejo de Seguridad Interior, en la que representantes del gobierno nacional informaron sobre su intención de enviar al Congreso sendos proyectos de ley tendientes, entre otros temas, a habilitar a las Fuerzas Armadas para intervenir ante hipótesis de narcoterrorismo, en complementación del trabajo de las fuerzas federales y de las de seguridad provinciales. Se habló allí de la necesidad de sellar las fronteras para evitar el ingente ingreso de drogas al país, lo que deriva en mayor violencia por el impacto del narcotráfico en el delito común.

Gran parte del menudeo de estupefacientes se encuentra en manos de “soldaditos” que juegan sus vidas en esa tarea para conseguir la mercancía sin la cual no pueden ya vivir, y que, en casos extremos, los lleva a matar. También se halla al alcance en lugares estratégicos, búnkeres en villas o barrios, claramente conocidos por mucha gente. Se reproducen a notoria velocidad, registrados incluso en cámaras instaladas en las calles, retroalimentando así redes criminales que se disputan violentamente los territorios. Los vecinos, principales afectados, presentan denuncias individuales y colectivas aun cuando temen por sus vidas. Cuando sus reclamos no son escuchados, se acercan a los medios de comunicación para darles visibilidad y presionar a las autoridades.

En 2019, los delitos ligados al narcomenudeo en la Capital pasaron del ámbito de la Justicia Federal a la porteña, no así los del narcotráfico que siguen en aquella órbita. En el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires (@MPFCABA), encabezado por Juan Bautista Mahiques, las investigaciones sobre microtráfico, como también se llama al narcomenudeo, dirigidas a desbaratar bandas, terminan en procesos judiciales más cortos y efectivos. Las denuncias pueden realizarse llamando al 080033347225 o a través de la página web del organismo, en forma anónima.

“Desde que comenzó nuestra gestión, cerramos siete búnkeres, más de uno por mes”, dijo el jefe de gobierno, Jorge Macri, tras clausurar dos de ellos, conectados por una escalera, en el Barrio 31. Se detuvo, además al jefe de la banda.

Waldo Wolff, eficaz secretario de Seguridad local, reseñó que en lo que va del año se concretaron 1282 procedimientos y se quemaron más de 360 kg de droga. En el espacio que ocupaba la desalojada feria ilegal de la calle Perette, del Barrio 31, junto a la terminal de ómnibus de Retiro, con más de 600 puestos que vendían artículos robados, hoy hay un destacamento policial que funciona las 24 horas.

Desde 2020, totalizan 81 los búnkeres narco clausurados en la ciudad. No pareciera que en el territorio bonaerense se estuviera conduciendo a una batalla similar, más allá de la firma de prolijos acuerdos con la provincia de Santa Fe para intentar evitar el incesante ingreso de droga al territorio. Cabe recordar que el gobernador Axel Kicillof reflexionaba en 2019 respecto de que la pérdida de empleo conducía a la gente a vender droga: “Es un delito, pero el problema no es perseguir al pequeño consumidor”.

Los reclamos al gobierno nacional por la carencia de fondos para financiar a la policía bonaerense, mientras se malgasta en otros rubros, no sirven de excusa. La red de complicidades que involucra a uniformados sería una más acertada explicación. A pesar de supuestamente no tener suficientes fondos, la provincia de Buenos Aires donó 400 patrulleros a la de Santa Fe provenientes de recursos que pagan los contribuyentes. Un contrasentido en un distrito donde siempre faltan policías y patrulleros.

El narcomenudeo no puede ser considerado un delito menor cuando es la puerta de acceso a un sistema perverso de múltiples aristas. No actuar frente al punto de venta es avalar la impunidad con la que se manejan muchas bandas criminales. El más mínimo nivel de tolerancia resulta insostenible. Los esfuerzos por robustecer controles y seguir desarticulando redes no deben cesar. Todos estamos comprometidos.

​ El narcomenudeo es la puerta de entrada que lleva a la destrucción de numerosas vidas; urge sellar las fronteras y bajar el índice de delitos  Editoriales