¿Y si el mercado pierde la paciencia antes que las encuestas?​

El día 13 de este mes será el elegido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para llevar al directorio la octava revisión del acuerdo firmado con la Argentina. Si bien la fecha aun no figura en la agenda formal del organismo, fue comunicada a los accionistas, por lo que el Ministerio de Economía ya está contemplando que este mes, finalmente, recibirán los 600 millones de DEG (por derechos especiales de giro, la moneda del FMI, que hoy equivalen a unos US$800 millones), que están pendientes de la firma del directorio. Una buena noticia en medio de una serie de desventuras que comenzaron a sacudir hasta los logros más palpables de la administración libertaria.

En poco menos de un mes, el riesgo país, que estaba apenas por encima de los 1200 puntos a comienzos de mayo, escaló hasta los 1585 puntos, mientras que la brecha cambiaria se amplió a casi el 50%. Los bonos y las acciones argentinas no tuvieron mejor suerte, con bajas del orden del 10% en el mismo periodo. Los mercados, en realidad, los inversores de carne y hueso que siguen de cerca las noticias de la Argentina, que venían acumulando fuertes ganancias durante la gestión de Javier Milei empezaron a inquietarse. No tanto porque no confían en que el Presidente, probado rock-star entre los inversores, vaya a salirse de rumbo, sino porque empiezan a ver las limitaciones que tiene un gobierno que llegó sin ningún tipo de plafón político y casi sin equipos para ejecutar su plan.

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En el mundo empresario la ansiedad es palpable. Versiones que circularon en usinas macristas incluso hablan de una reunión reciente entre el número uno de Techint, Paolo Rocca, y el expresidente Mauricio Macri. En el sector privado todavía se ilusionan con la posibilidad de una alianza –cuanto menos, que provea cuadros técnicos– de La Libertad Avanza con el Pro. Pero no sólo Milei no cede, sino que en el macrismo también empieza a haber otros reparos.

Algunos viejos conocedores del mercado interpretan las bajas de las últimas jornadas como una toma de ganancias –bonos y acciones acumulaban subas de más del 80% en lo que va de 2024–, pero también reconocen que la paciencia de los inversores empieza a ponerse a prueba. En los próximos días, la definición de lo que suceda con la renegociación del swap (préstamo) con China podría ser clave. Si no hay acuerdo, la Argentina deberá pagar US$2900 millones a fin de mes y US$1900 millones a fin de julio. Las negociaciones siguen, aseguran fuentes del Gobierno.

Es cierto que la fortaleza de Milei en las encuestas es tan relevante para sostener la moral inversora como lo es para contrarrestar la debilidad política del propio Gobierno, que preserva su capital social como pocos. Pero es cierto también que los mercados muchas veces se adelantan, y por mucho, a los cambios sociales. No avisan con tiempo cuando eso sucede.

Mantener el buen humor inversor es fundamental para una Argentina que, más allá de la motosierra, requiere de una fuerte inyección de fondos frescos para poder salir de años de estancamiento. Proyectos atractivos sobran. Pero sin financiamiento (o con un riesgo país demasiado elevado) se vuelven inviables.

La política no parece muy a la altura de un país que necesita, con urgencia, mostrar un giro radical en las reglas de juego. Sigue sin discutir seriamente una reforma laboral, y posterga la discusión de la Ley Bases y el paquete fiscal, que se han transformado en una insignia de que cualquier proyecto liberal puede ser viable en una Argentina que en las últimas décadas le dio la espalda al capital. Sin Ley Bases es probable que el malestar de los mercados se acreciente, aunque solo con esa norma el éxito de la propuesta libertaria tampoco está garantizado. Capítulos como los del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) son fundamentales para la industria minera, petrolera y hasta pesquera. Sólo la empresa Tecnovax tiene un proyecto de inversión de US$400 millones para desarrollar la industria del salmón en las provincias de Santa Cruz y Chubut.

Mientras que YPF depende de que salga el RIGI para poder avanzar, primero, en la construcción del oleducto que va de Neuquén al Puerto de Punta Colorada, en Río Negro –un puerto que al ser de aguas profundas tiene un atractivo superior, dado que puede ser la puerta de salida de grandes barcos hacia el continente asiático– y, más tarde, en los gasoductos que podrían seguir la misma trayectoria o ir hasta el puerto de Bahía Blanca para poder finalmente exportar gas al mundo. Los pliegos de la obra del oleoducto –una operación estimada en unos US$2200 millones– se pusieron a disposición de los interesados el miércoles. La idea es que operadores locales participen, pero también poder seducir a internacionales como Energy Transfer, un monstruo con sede en los Estados Unidos, que tiene construidos 135.000 kilómetros de gasoductos en ese país. Una empresa de tal envergadura podría luego construir y participar de los tres gasoductos que se necesitarían para trasladar el gas de Vaca Muerta al puerto de Rio Negro o de Bahía Blanca, según termine definiéndose. YPF, a su vez, depende del RIGI para poder concretar la inversión de la empresa Petronas en una planta de licuefacción del gas para así poder exportarlo en barco. Básicamente, la empresa de bandera, que el kirchnerismo se jactó de recuperar, tiene un ambicioso plan de desarrollo atado a la aprobación de la Ley Bases. Tal vez ahora el kirchnerismo debería pensar en darle las herramientas para despegar.

Como parte de su plan, la nueva gestión de YPF anticipó que planea vender una serie de activos que no son rentables o que no forman parte central del negocio. A fin de mes, esperan someter a consideración del directorio la venta del 50% que posee en Refinor, la refinadora con fuerte presencia en el norte del país. Este viernes, en tanto, se vence el plazo para hacer ofertas vinculantes por las 55 áreas convencionales en Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego. Evalúan presentar ofertas empresas como Pecom, Capex, y el Grupo Neuss, pero también nuevos jugadores, como el exintendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel, que iría de la mano de un grupo nacional. Otros, como el exCEO de YPF Pablo Iuliano, que creó este año su propia empresa, Tango Energy, habrían simplemente comprado pliegos pero no terminarían ofertando, según aseguraron cerca del exejecutivo de la empresa estatal.

Si sale la Ley Bases, en el Gobierno hay quienes se ilusionan con la posibilidad de avanzar con un paquete de buenas noticias que ayude a revertir el reciente malestar inversor. Por lo pronto, en Economía se ocuparon de desactivar cualquier atisbo de reestructuración de deuda por parte de alguna provincia argentina. Ya a comienzos de año, Economía había adelantado los fondos de la coparticipación a algunas provincias como Chaco para que eviten el default. Ahora, el ministro Luis Caputo estaría facilitando las condiciones para que tanto Chaco como Entre Ríos, entre otras, se endeuden en pesos en el mercado local, para luego poder comprar los dólares para cubrir sus vencimientos. Una buena: se aleja la posibilidad de un default subsoberano en el corto plazo.

Otra buena que evalúa Economía es la de mostrar un resultado fiscal en junio mejor al esperado. Milei ya se atajó este jueves con que en junio, por primera vez, podría registrarse déficit fiscal por el pago de aguinaldos y ajustes en jubilaciones. Sin embargo, quienes siguen de cerca los números finos no descartan que postergando unos días los pagos que Cammesa, la empresa estatal de energía, debe realizar a las generadoras para cubrir el costo de producir electricidad, se haga la magia necesaria. “Con algunas postergaciones de pagos es sostenible que se llegue al equilibrio fiscal incluso en junio –explican–. Obviamente, en la mira está Cammesa. Habrá que ver cuánto atraso se bancan las generadoras”, deslizó. Justo cuando se pensaba que el conflicto con las generadoras estaba cerrado… Todo es posible.

En Cammesa, sin embargo, están casi más atentos a las movidas de la Corte Suprema que a las del Tesoro. Existe una causa pendiente de resolución del máximo tribunal que no sólo podría poner en jaque las cuentas de Cammesa (y del Estado que las financia), sino que también podría generar las condiciones para un congelamiento de los aumentos de tarifas anunciados por el Gobierno. La causa surgió a raíz de una cautelar iniciada por una cooperativa de Villa Gesel en el juzgado de Dolores, donde –dicen– todavía ejerce su influencia el juez Juan Ramos Padilla, en reclamo de un plan de pagos. La cautelar luego se transformó en una acción colectiva, dado que se sumaron todas las cooperativas de la provincia de Buenos Aires y muchas de la Patagonia. Lograron que el juez –del mismo juzgado que en su momento frenó la suba de tarifas de Macri– ordene una revisión de los pagos que hicieron a Cammesa desde 2002 y en forma prospectiva, y además creó un paraguas de protección contra cualquier reclamo de pago de parte del Estado. Cammesa apeló el fallo, pero la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata lo confirmó. Desde diciembre está en la Corte Suprema, pero quienes conocen del tema aseguran que empezó a moverse. ¿Correrán las cooperativas con la misma suerte del Señor Tabaco? Pareciera que lo que mejor funciona hasta ahora es la Corte. No vaya a ser que un eventual ingreso del juez Ariel Lijo lo cambie.

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