Un asesinato que expuso el problema que se mantiene en las calles de la ciudad​

El asesinato de una mujer brasileña marca, por la mecánica del hecho y los antecedentes del autor del homicidio, uno de los riesgos latentes en la ciudad: la violencia ciega de personas que representan un riesgo para sí mismos y para terceros. Así había sido calificado F.N.A, el hombre de 30 años que ayer fue declarado inimputable en el homicidio de María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco. No es la primera vez que la Justicia decide que no comprende la intencionalidad de sus actos. Y sin embargo, estaba en la calle.

A comienzos de diciembre de 2024 había sido internado por orden de un magistrado en el hospital Torcuato después de provocar lesiones y causar daños en Recoleta. El jueves pasado caminaba por la calle Corrientes, en el barrio de Abasto, cuando atacó a la mujer de 69 años con un golpe que le provocó la muerte luego de un corto período de agonía en un hospital.

F.N.A. entra y sala de los hospitales psiquiátricos cada vez que tiene ganas. Directamente se escapa de esas instituciones de salud mental que no tienen pabellones para contener a personas en conflicto con la ley. Historias similares se conocen cada vez que esas personas llegan al extremo momento de provocar una muerte. Entonces aparecen numerosos ingresos en comisarías, internaciones compulsivas que tienen poco efecto y duración, y permisividad estatal para ser bombas de tiempo caminantes. Se cruzan entonces los problemas generados por una ley de Salud Mental que los profesionales de ese campo definen como ineficiente y la puerta giratoria judicial que ahora se busca cerrar con la declaración de reiterancia de delitos como límite de excarcelaciones técnicamente tan entendibles como incomprensibles desde la mirada de una sociedad que espera protección.

El gobierno de la ciudad había quedado en medio de una polémica en abril pasado cuando lanzó un operativo que denominó “Especial Orden y Limpieza”, procedimiento por el que en ese tiempo previo a la elección de legisladores porteños procuró buscar músculo para desalojar de las calles a personas en situación de calle. F.N.A. estaba en esa condición cuando mató a la mujer brasileña que había llegado en julio pasado para acompañar a su hija, que estudia Medicina en la UBA. La controversia estalló cuando el jefe del gobierno porteño, Jorge Macri, difundió fotos de ese operativo. “Es el compromiso asumido de mantener la seguridad y reforzar la higiene en el espacio público para garantizar el bienestar de todos los vecinos”, habían señalado entonces fuentes de la administración macrista.

“Respondemos a los reclamos de los vecinos y garantizamos la limpieza y seguridad de los espacios públicos, de nuestras plazas y veredas. La calle no es un lugar para vivir. Y la Ciudad tiene un sistema de atención que incluye paradores para las personas en situación de calle”, expresó en ese momento Jorge Macri, en lo que se entendió como una promesa de campaña.

Si embargo, ese riesgo para los vecinos sigue como lo marca el asesinato a manos de ese hombre en situación de calle que había sido procesado, al menos, 20 veces en los últimos 11 años por diferentes delitos y que se escapó varias veces de las medidas de tutela judicial.

Las autoridades porteñas afirman, por su lado, que mantienen la presión para evitar las ranchadas, tal como se deomina a los grupos de personas que viven en situación de calle y se agrupan en algún lugar que toman como propio. También aseguran que se procura quitar de esas manos elementos que puedan ser utilizados como armas, pese a que organismos defensores de Derechos Humanos mantiene un planteo judicial para que se permita a quienes están en situación de calle portar cuchillos para cortar los alimentos que consigan por caridad. Un cuchillo similar utilizó un hombre en situación de calle para matar en Palermo al ingeniero Mariano Barbieri con el fin de robar su celular.

Seis de cada 10 de los adultos, chicos o adolescentes que deambulan en la vía pública sufre de algún padecimiento mental, de acuerdo con información oficial. Eso señala la magnitudad del problema que ahora queda expuesto por el homicidio en una de la sprincipales avenidas porteñas de María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco.

En agosto pasado, la información oficial señaló que 1500 personas pasan la noche a la intemperie y casi 3000 se refugian en paradores.

​ Promesas que no se cumplieron, una ineficiente ley de Salud Mental y la puerta giratoria judicial forman una peligrosa mezcla para los vecinos porteños  Seguridad