Rodrigo Ortigala, el criminal que no tenía lealtades en el mundo narco y ahora fue detenido por extorsión​

ROSARIO. La historia de Rodrigo Ortigala está teñida de idas y vueltas, de manejar mucho dinero a subsistir con aprietes a concesionarias de autos, de ser el confidente del capo narco Esteban Alvarado a transformarse en su más acérrimo enemigo, y saltar a tributar a sus rivales, la banda de Los Monos, junto con su hermana Mariana, una mujer que también está presa y tuvo un recorrido similar al de su hermano, y zafó de milagro de dos sicarios que la hirieron de siete tiros.

Este lunes fue detenido por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) acusado de supuestas extorsiones a dueños de concesionarias de autos, un rubro que este hombre, que fue testigo y parte de dos bandas narco, conoce muy bien.

Rodrigo Ortigala era miembro del círculo cercano de Alvarado, actualmente preso en el penal de Marcos Paz, bajo el régimen de alto perfil, que impone un aislamiento casi total del recluso, que es monitoreado con cámaras 24 horas. A mediados de los 2000, en plena expansión económica del país, se dedicaban a un negocio criminal con el que se hicieron millonarios y le sirvió a Esteban Lindor para financiar su emprendimiento de adquirir cocaína en Paraguay, a partir de las rutas que operaba su madre con el contrabando de cigarrillos con avionetas.

La precuela del negocio narco fue el robo de autos de alta gama en la zona norte de Buenos Aires. Según contó en su momento Ortigala a LA NACION, tenían “dateros” –empleados infieles en las concesionarias- que les indicaban cuando y quién compraba coches importados. Los robaban antes de que llegaran a los 5.000 kilómetros. Tenían un lugar donde los “enfriaban”, es decir, los guardaban, y cuando reunían una docena, la cantidad que entraba en un camión mosquito, los trasladaban a Rosario.

Este hombre contó que la demanda de autos era tan grande que llegaron a traer a esta ciudad tres camiones por mes. En Rosario los vehículos eran adulterados por Carlos Argüelles, el chapista que luego de que declarara en su contra, Alvarado mandó a matar en setiembre de 2021 por haber revelado las atrocidades que el capo narco había cometido a lo largo de su carrera criminal, con asesinatos que nunca se resolvieron porque los cuerpos jamás aparecieron, debido a que –según reveló el testigo- los disolvían en ácido o los sepultaban en hormigón.

Después de que los autos robados en Buenos Aires eran trasladados a Rosario los ofrecían para la venta en los clasificados de los diarios locales. Tenían los papeles adulterados, al igual que los números de motor y chasis.

Se vendían muy rápido por la alta demanda que había en ese momento, pero el ardid incluía otro capítulo, aún más redituable, gracias un “acuerdo” con el área de Automotores de la Policía de Santa Fe: Alvarado y Ortigala les pasaban a los agentes los datos de los compradores y los policías secuestraban los autos vendidos. Así, un mismo vehículo importado llegaban a venderlo tres veces.

Como Alvarado tenía una red de complicidades con la policía y la Justicia en Rosario nadie lo investigaba. El exjuez federal Marcelo Bailaque renunció el 1° de julio de este año, antes de ser destituido por el Consejo de la Magistratura de la Nación, luego de que LA NACION publicara el 11 de junio de 2024 que el jefe narco y el magistrado compartían el mismo contador, Gabriel Mizzau, y el titular del juzgado federal N°4 tardó tres años –recién lo hizo en 2016– en autorizar una serie de escuchar telefónicas que había pedido el jefe de la PSA en Rosario, Emilio Lencina.

Esto fue revelado en el juicio de 2022 en el que Alvarado fue condenado a prisión perpetua, a partir de una investigación de los fiscales Luis Schiappapietra y Matías Edery. Pero el primero que identificó las actividades criminales de Alvarado fue el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari a partir de una investigación sobre el robo de autos en la zona norte de Buenos Aires. En esa causa ya se cristalizaba el poder creciente de este narco y sobre todo sus influencias y complicidades.

Rodrigo y Mariana habían conocido a Alvarado en sus incursiones a las islas entrerrianas que están frente a Rosario, donde varios narcos en ascenso exhibían sus jet-ski, según confesó la mujer en varias charlas. A partir de una amistad circunstancial durante el verano comenzaron a realizar negocios en el mundo del hampa.

Del negocio de los autos pasaron al narcotráfico, pero con los Ortigala hubo un cortocircuito de índole personal con Alvarado, y comenzó una persecución que casi termina en la muerte de los hermanos.

Para protegerse de este capo narco saltaron la tranquera y se pasaron a la organización rival, a la banda de Los Monos. Rodrigo y Mariana se transformaron, además, en testigos de la Justicia y develaron los secretos de su antiguo jefe, que pretendía eliminarlos.

En 2020, Matías “Pino” César, un sicario de Alvarado, llegó a la casa que Mariana tenía en Roldán y con dos pistolas comenzó a dispararle cuando salía de su residencia. La mujer, que tenía un buen estado físico, logró saltar un muro de más de dos metros y resguardarse, a pesar de que estaba herida, ya que había recibido siete balazos.

Tres años después, Mariana Ortigala fue detenida a raíz de una investigación del fiscal Pablo Socca, acusada de realizar extorsiones que ordenaba Ariel Cantero, líder de Los Monos. Y también se detectó que tenía relaciones inapropiadas, cuando era testigo del caso Alvarado, con el fiscal Edery.

Rodrigo Ortigala andaba en algo parecido. Fue detenido este lunes por extorsiones y ataques a tiros a concesionarias de autos. La investigación, a cargo del fiscal Federico Rébola, se centra en extorsiones a agencias de vehículos durante 2021. En uno de estos episodios provocó la muerte de una mujer, que falleció de un infarto cuando esperaba el colectivo y comenzaron a balear el local ubicado en Rondeau al 4100.

La sospecha es que Ortigala, que ya fue condenado a un año y medio de prisión, brindó información a Los Monos para que realizaran esa balacera en un contexto extorsivo. Los ataques a balazos estarían relacionados con que hacía al menos dos meses que los dueños de la concesionaria recibían amenazas porque no pagaban 25.000 dólares por protección.

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