Los planes de salud comercializados por una misma prepaga podrán aumentar desde ahora en diferentes porcentajes, según las características de cada contrato. Es algo que hasta ahora, pese a la desregulación de las cuotas dispuesta en el inicio de la actual gestión, las entidades no podían hacer, dada una limitación aprobada el año pasado. La nueva modificación en la política de precios del sector fue dispuesta por el decreto 102, publicado hoy en el Boletín Oficial.

La medida, anticipada días atrás por LA NACION, indica que el valor de las cuotas de los planes para las personas de mayor edad no podrá superar el triple del precio que tengan los contratos para el grupo de los más jóvenes. También establece que los planes para la última franja etaria (de mayor edad) deberán estar disponibles sin límites de edad máxima, “ya sea para la admisibilidad de nuevos usuarios o la permanencia de los existentes”. Es decir, no podrá rechazarse a personas en razón de su edad.

En rigor, el límite para la brecha entre los planes ofrecidos según la edad de los afiliados existe ya desde la vigencia de la ley que regula la actividad de las prepagas, que lleva el número 26.682 y que fue aprobada en 2011.

La nueva norma ratifica que las entidades de medicina prepaga “podrán establecer libremente los valores de las cuotas” y agrega que “el porcentaje de ajuste podrá variar según las características específicas de cada plan de salud que comercialicen”. Hasta ahora, debían aumentarles a todos los afiliados por igual, aunque hay planes distintos en cuanto a los prestadores y a las prácticas cubiertas por arriba del Plan Médico Obligatorio (PMO).

La libertad para el incremento de las cuotas fue establecida, en rigor, en diciembre de 2023 por el DNU 70, que marcó el inicio de la gestión presidencial de Javier Milei. Sin embargo, el decreto reglamentario 171, de febrero de 2024, determinó -al modificar un artículo de una medida reglamentaria de la ley sectorial- la imposibilidad de diferenciar los aumentos entre los contratos vendidos por una misma entidad. Concretamente, se dispuso entonces que las subas, para las que ya no se exigía una autorización del Gobierno, deberían “respetar la misma proporción para todos los afiliados de la entidad, tanto respecto del valor de cuota pura como de los valores adicionales por preexistencia”.

En rigor, la mencionada ley 26.682 ya había establecido que “la diferenciación de la cuota por plan y por grupo etario sólo podrá darse al momento del ingreso del usuario al sistema”. Pero, en la práctica y hasta diciembre de 2023, como las prepagas solo podían incrementar las cuotas según las autorizaciones aprobadas por los gobiernos, lo cierto es que usualmente los valores de todos los contratos de todas las prepagas subían sus valores en igual porcentaje. Y eso tenía un motivo: en el sector se advierte desde hace años sobre la existencia de un retraso en los precios y, en ese contexto, los índices topes para aumentar siempre resultaron insuficientes a los ojos de las entidades.

Liberación parcial

Meses después del decreto 171 y por la resolución 2155 de la Superintendencia de Servicios de Salud, las prepagas habían quedado ya habilitadas para diferenciar los aumentos de sus precios, pero solo de manera limitada: podían aplicar diferentes porcentajes según se tratara de contratos con o sin copagos (montos de dinero que paga el afiliado al asistir a una consulta o realizar una práctica médica), según el lugar del país donde se dieran los servicios.

De acuerdo con las autoridades del área de Salud, los que se busca con lo dispuesto por el nuevo decreto es dar “un paso más” en el camino por el que había avanzado aquella normativa de septiembre último, y el objetivo es que haya más competencia en el mercado, impulsada por las estrategias para fijar precios.

Los funcionarios consideran ahora que el impedimento de diferenciar los precios establecido en 2024 perjudica a los usuarios de planes más económicos, “que terminan financiando a los más caros”. Entre los argumentos para quitar la restricción se menciona que “los planes tienen pirámides de costos bien diferentes”, que serían mayores en los contratos más caros (el ritmo del encarecimiento, sin embargo, podría no ser siempre más alto en estos planes).

El fin de la triangulación

Una de las últimas novedades normativas para el sector llegó a fines de enero, cuando el Gobierno dispuso por decreto el fin de la triangulación de los aportes de los trabajadores dependientes y de monotributistas, que era necesaria hasta ahora para poder aplicar esos recursos al pago de la cuota de una prepaga.

La intermediación por parte de una obra social fue una práctica muy común en las últimas tres décadas, ya que la desregulación establecida a principios de los 90 no les permitía a las empresas privadas acceder de manera directa a los aportes y contribuciones. El dinero de esa fuente sí podía destinarse a pagar un plan privado, pero solo si antes pasaba por una obra social que, a su vez, tenía un convenio con la prepaga.

Según las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, esos contratos de intermediación implicaban últimamente un costo de $30.000 millones mensuales, que no se volcaban a prestaciones. En los últimos días, tras haber tomado la comentada decisión, los funcionarios se reunieron con directivos de las principales entidades, para expresarles que “esperan que bajen las cuotas”.

Más de un ejecutivo explicó que, en rigor, la medida en sí no genera una caída de los precios, pero sí provoca, en todo caso, una reducción del importe a pagar todos los meses por un grupo de afiliados (los llamados “desregulados”) que, con dinero de su bolsillo, deben completar la diferencia entre el precio del plan y el monto de los aportes. Esa baja del importe a pagar ocurrirá porque las entidades recibirán más dinero por esos aportes, ya que no estarán en el medio las comisiones cobradas por las obras sociales hasta ahora intermediarias.

​ Hasta ahora, las entidades estaban obligadas a aplicar a todos sus afiliados los mismos aumentos; según el Gobierno, la medida ayudará a moderar las alzas en los planes de menor costo  Economía