Con el regreso de Donald Trump a la presidencia, su administración impulsó medidas que modificaron la manera en que se ejecutan las deportaciones y se aplican las detenciones migratorias. A través de decretos ejecutivos, reactivación de leyes históricas y la aprobación de nuevas normas, el gobierno federal amplió el poder del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para realizar expulsiones inmediatas de extranjeros.

Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA): la base legal de las deportaciones en Estados Unidos

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) constituye la base legal de todo el sistema migratorio estadounidense. Promulgada en 1952, esta norma unificó y reorganizó la legislación anterior en materia de admisión, residencia y expulsión de extranjeros.

A lo largo de las décadas, fue modificada en múltiples ocasiones. En la actualidad, sus secciones más relevantes se encuentran en el Título 8 del Código de Estados Unidos, que regula las disposiciones sobre “Extranjeros y Nacionalidad”.

Para la política de deportaciones de 2025, existen tres secciones clave:

INA §1225 (Remoción expedita): permite la deportación inmediata de personas que no demuestren haber residido de forma continua en Estados Unidos durante al menos dos años. Originalmente, esta disposición se aplicaba a quienes eran detenidos cerca de la frontera.INA §1226 (Detención obligatoria): regula la retención de extranjeros con antecedentes penales durante los procedimientos de remoción. Tras la entrada en vigor de la Ley Laken Riley en marzo de 2025, esta sección se endureció, al establecer la detención automática para quienes enfrentaran acusaciones de delitos como hurto, robo o allanamiento, incluso cuando los cargos fueran menores.INA §1229a (Procedimientos de remoción): establece el marco de las audiencias ante jueces de inmigración.

La Ley de Enemigos Extranjeros: el impulso de Trump y el bloqueo judicial

Entre las medidas tomadas por la administración federal se encuentra la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que autoriza la expulsión de ciudadanos de países enemigos en tiempos de guerra.

Trump recurrió a esta ley en marzo de 2025 mediante el decreto “Protecting the American People Against Invasion”, con el propósito de acelerar la deportación de migrantes venezolanos señalados como miembros del grupo criminal Tren de Aragua.

En el texto del decreto, el presidente de EE.UU. argumentó que la inmigración irregular representaba una “invasión depredadora” y que el gobierno tenía la obligación de “proteger al pueblo estadounidense contra la amenaza de organizaciones extranjeras”.

No obstante, la aplicación de esta medida fue frenada en varias oportunidades hasta septiembre de 2025, cuando un tribunal federal de apelaciones en Nueva Orleans determinó que el presidente no podía usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones masivas, según reportó la agencia EFE. El fallo, emitido por dos votos contra uno, señaló que la regla solo es válida en situaciones de guerra declarada o invasión armada por parte de una potencia extranjera.

La decisión bloqueó las deportaciones amparadas en esa norma en los estados de Louisiana, Mississippi y Texas, donde ya se habían implementado expulsiones bajo ese argumento. La Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU, por sus siglas en inglés) celebró el fallo, al subrayar que “el presidente no puede simplemente declarar una emergencia militar e invocar los poderes que le apetezcan”.

​ Donald Trump reactivó normas históricas y decretos que endurecen las deportaciones en EE.UU., ampliando el poder de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional.  Estados Unidos