Lijo o respetar las promesas electorales​

E l presidente Javier Milei sorprendió cuando entre los postulantes para completar vacancias en la Corte Suprema incluyó al actual juez federal Ariel Lijo. Esa postulación provocó una tan inmediata como enérgica y poco común reacción por parte de los colegios de abogados, la academia, prestigiosas ONG y destacados profesionales del derecho, con fundadas expresiones que apuntan a su falta de idoneidad para ocupar tan alto cargo.

Lo particularmente grave es que las críticas exceden la cuestión de la insuficiencia de sus antecedentes profesionales o académicos, bastante módicos si se los compara con los del otro candidato propuesto, Manuel García-Mansilla. La consternación creciente se relaciona con que, a lo largo de su trayectoria, Lijo se ha destacado por “dormir” o “descarrilar” causas penales durante diferentes gobiernos con el común denominador de garantizar impunidad a importantes funcionarios y personas estrechamente ligadas al poder.

En 2016, ante la manifiesta demora en el trámite de causas por corrupción, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otras ONG pidieron al Consejo de la Magistratura realizar una auditoría al fuero penal federal. Los resultados fueron alarmantes, lo que dio lugar a un pedido de investigación contra algunos jueces, incluyendo a Lijo, quien ocupó el triste podio del peor desempeño en la gestión de los juzgados federales penales evaluados.

Uno de los casos más emblemáticos es el de YPF, que, desde hace 18 años, duerme el sueño de los justos, a pesar de la gravedad de los hechos y sus consecuencias para el país. Esta causa incluye varias denuncias, desde la primera por el vaciamiento de YPF por parte de Repsol, seguida por los negociados de Néstor Kirchner con el Grupo Petersen, que permitió a este tomar el control de la empresa en 2008 sin poner un centavo, financiando su compra con las ganancias de la compañía cuyas acciones adquiría, hasta llegar a las irregularidades asociadas a la expropiación del 51% de las acciones, de propiedad de Repsol. Esta escandalosa secuencia de desaguisados, con participación estelar de Axel Kicillof, le costó al país 5000 millones de dólares como pago transaccional a Repsol para desistir de su arbitraje internacional y dio pie a que los fondos Eton Park y Burford llevaran adelante en Nueva York un juicio que, en primera instancia, resultó condenatorio para la Argentina por un total de 16.000 millones de dólares.

Otro caso grave es el de encubrimiento en la causa AMIA. Lijo tuvo a su cargo la investigación por el pago de 400.000 dólares que, durante el gobierno de Carlos Menem, recibió Carlos Telleldín –acusado de haber facilitado la camioneta Trafic con los explosivos a los autores materiales del atentado terrorista–para falsear sus declaraciones que complicaron el avance de la investigación en sus etapas iniciales. Si bien Lijo elevó la causa a juicio oral contra algunos imputados, comprometió de tal manera el desarrollo del expediente que derivó en su apartamiento del caso por la Cámara Federal en duros términos.

Quizás uno de los casos más escandalosos que revelan a Lijo como proveedor y garante de impunidad es el de Siemens, en el que el juez jamás avanzó contra los funcionarios públicos involucrados, ni siquiera cuando en 2018 la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado (Procelac) identificó una red de sociedades offshore de los Corach y pidió el congelamiento de esos fondos por vincularlos temporalmente con las coimas de Siemens. La información se hizo visible con el blanqueo de 16 millones de dólares. De hecho, Lijo rechazó sumar esa trascendente información a la causa Siemens al considerar, sin mayor fundamento, que no tenía vinculación con el objeto de investigación, lo cual le mereció otra denuncia ante el Consejo de la Magistratura.

Seguramente por haber sido mal informado, el presidente Milei justificó la nominación de Lijo como candidato a la Corte diciendo que había sido él quien “metió preso a Boudou”. Lo cierto es que la condena por corrupción contra el exvicepresidente en la causa Ciccone se debió a la querella llevada adelante por la UIF, presidida entre 2016 y 2019 por Mariano Federici, mientras que la sentencia condenatoria fue dictada por el Tribunal Oral Federal N° 4. Si bien Lijo procesó a Boudou en 2014, se tomó nada más y nada menos que tres años en elevar la causa a juicio oral. Por si esto fuera poco, en una de las ramificaciones del caso que investigaba el pago de más de siete millones de pesos por parte de la provincia de Formosa, gobernada por Gildo Insfrán, a The Old Fund, el sello de goma usado para la compra fraudulenta y extorsiva de Ciccone por el exvicepresidente, Lijo remitió el expediente precisamente a los tribunales formoseños, asegurando la frustración de la investigación en manos de una justicia provincial complaciente y adicta al gobernador.

Los jueces de la Corte deben tener una reputación intachable para fortalecer la fe pública en el Estado de Derecho

Recientemente, con motivo del debate de la Ley Bases, surgieron informaciones sobre lobbies e influencias indebidas en el Congreso para impedir el establecimiento de un impuesto que igualara las condiciones de competencia entre las tabacaleras y eliminara la escandalosa situación de privilegio de la que goza desde hace años Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero, conocido como “el señor tabaco”. Una vez más aparece Lijo facilitando la habilitación de causas penales impulsadas por aquel funesto personaje.

No deberían sorprender los resultados de investigaciones sobre su patrimonio ligado al enriquecimiento de su hermano Freddy, a los sospechados negocios conjuntos en un balneario en Necochea y a un haras de cría de caballos en Dolores. Ello dio lugar a la apertura de un expediente en el Consejo de la Magistratura, que en 2018, luego de un confuso e incompleto trámite, terminó archivando el caso. Los indicios sobre la existencia de maniobras que permitieran a Lijo eludir la destitución dieron lugar a una denuncia penal de la entonces diputada Elisa Carrió. Con tantos “favores” realizados y debidos dentro y fuera del Poder Judicial, tampoco sorprendió que la investigación no se hubiese completado y la causa se cerrase a instancias del defensor de Lijo, el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El Presidente cometerá un grave error si sostiene la candidatura de Lijo. De confirmar el Senado su designación se estará comprometiendo gravemente la salud institucional de la república. Sostener esta nominación afectará la credibilidad y autoridad moral del jefe del Estado, tendiendo un cono de sombra sobre su auténtica vocación por erradicar la corrupción.

El retorno de una fuerte corriente inversora depende en buena medida de la seguridad jurídica, que exige no solo reglas legales claras y estables, sino también previsibilidad en las decisiones que tenga que tomar la Justicia en general y la Corte en particular, como intérprete final de las leyes y de la Constitución nacional.

La legitimidad del Poder Judicial depende de la confianza de la gente en su integridad. Los jueces de la Corte deben tener una reputación y una ética intachables para inspirar confianza en la imparcialidad y equidad del proceso judicial, y fortalecer así la fe pública en el Estado de Derecho. Un Poder Judicial confiable es la piedra angular de la estabilidad y el desarrollo macroeconómico de largo plazo.

Los jueces deben ser independientes y libres de toda influencia que les impida defender el imperio de la ley. Una trayectoria como la de Lijo, con tan fundados cuestionamientos, ya lo condiciona. Sostener una nominación con tantas objeciones no deja dudas sobre su incapacidad para actuar con imparcialidad.

Los cuestionables antecedentes del candidato propuesto permiten calificarlo como la quintaesencia de quien, en el ámbito de la Justicia, representa a la denostada “casta” que el Presidente promete erradicar, y siembra razonable desconfianza sobre su compromiso de respetar y promover un Poder Judicial independiente.

“Cuando nos equivocamos, lo corregimos”, ha dicho el Presidente. El torbellino desatado por su cuestionado candidato pone a prueba su sentido común y su capacidad de liderazgo. Mucho de su capital político está en juego ante la mirada escrutadora de una sociedad que necesita más que nunca volver a confiar en la Justicia.

​ El Presidente cometerá un grave error si decide sostener la candidatura a juez de la Corte de quien es impugnado por su ineficiencia, parcialidad y falta de ética  Editoriales