El Gobierno comenzó a mostrarse permeable a realizar algunos cambios en la Ley Bases y en la ley fiscal a partir de los reclamos que hicieron gobernadores y senadores en las últimas horas. La Casa Rosada confía en que conseguirá los votos para aprobar los proyectos en general, pero observa que puede recibir un revés en la votación en particular de algunos artículos que son el corazón de los proyectos. Puntualmente, las modificaciones que hoy están sobre la mesa del Poder Ejecutivo son sobre dos capítulos: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la reforma del impuesto a las ganancias.

“Hay una posición mayoritaria de apoyo y algunas diferencias en algunos temas. Algunos sectores piden ciertas clarificaciones o modificaciones para darle un sentido más estricto a lo que se pretende en la norma”, reconoció el ministro del Interior, Guillermo Francos, en Radio Mitre.

Respecto del RIGI -que asegura estabilidad de beneficios impositivos, cambiarios, aduaneros y regulatorios por 30 años a proyectos que superen los US$200 millones- cerca de Javier Milei admiten que están dispuestos a hacer “aclaraciones en la redacción” en lo referido a las importaciones de insumos, debido al impacto que puede tener el nuevo régimen en la industria nacional.

La Unión Industrial Argentina (UIA) viene advirtiendo que la actual redacción del RIGI -que está incluido en la Ley Bases- coloca a los proveedores locales en una situación de desventaja frente a los productos importados porque con este régimen la importación de bienes de capital, repuestos y otros insumos no pagaría aranceles mientras que los proveedores nacionales deben cumplir con todas sus obligaciones impositivas.

“Hay algunas propuestas de modificación a esos artículos que estamos considerando, estamos viendo si se llega a un entendimiento sobre eso, parecería razonable”, dijo Francos. Un importante colaborador de Balcarce 50 subrayó: “Lo que tenemos que hacer no es una gran modificación, es una cuestión semántica”. “La ley minera, por ejemplo, hoy ya tiene beneficios impositivos para importar productos para el sector. No existe acá producción nacional de lo que son los insumos para la minería”, insistió.

De todos modos, en el Gobierno aceptan que introducirían cambios en ese capítulo que recibió objeciones de distintos bloques y también de las cámaras empresariales.

Ganancias

Si bien en el Gobierno todavía exhiben dudas, el otro cambio que está en conversaciones está vinculado al impacto del nuevo impuesto a las ganancias en los contribuyentes de la Patagonia. Los gobernadores se vienen oponiendo a la restitución de la cuarta categoría del gravamen que pesa sobre los ingresos y a los pisos que fija la ley fiscal ($1,8 millones para los solteros y $2,2 para los casados con dos hijos) ya que en esa región hay un costo de vida y salarios más altos que en el resto del país, en particular en el rubro petrolero.

Fuentes oficiales no descartaron que se imponga una distinción por “zona desfavorable” que permita que los habitantes de las provincias patagónicas paguen una alícuota menor del impuesto, en torno al 22% en la categoría máxima. “Si hacen ese cambio, se destraba el tema Ganancias y sale por mayoría”, advirtió un senador patagónico.

Pero todavía sigue siendo un punto de discusión. “Por ahora sigue siendo lo que ellos empujan”, dijo un importante colaborador de la Casa Rosada en alusión a la posibilidad de hacer una distinción para la región.

Francos dijo el jueves a la noche en TN: “Las provincias patagónicas están planteando que se genere un diferencial por zona desfavorable y estamos tratando eso en estas horas. Las provincias patagónicas tienen muchos beneficios y también muchos prejuicios. Tiene que ver con el clima, con los costos… También las provincias menos favorecidas en recursos naturales tienen expectativa por un impuesto que es coparticipable. Entonces, hay que considerar ambas cosas”.

El ministro del Interior el jueves conversó con dos gobernadores patagónicos. No hubo foto, pero a la Casa Rosada asistió Alberto Weretilneck (Río Negro), un actor clave dado que la senadora rionegrina Mónica Silva está en “amarillo” en el poroteo que hacen en Balcarce 50. Por la noche, en los estudios de TN, Francos tuvo un intercambio con Ignacio Torres (Chubut), que viene ejerciendo fuerte presión para introducir cambios en las leyes.

Respecto a los tiempos, en el entorno de Milei ya reconocen que lo más probable es que los proyectos regresen a Diputados con cambios y que, por ende, no se llegará a tener ambas leyes sancionadas antes del mentado Pacto del 25 de Mayo. La Casa Rosada viene conversando esta posibilidad con sus aliados en la Cámara baja, especialmente con Pro. La idea es que se acepten las modificaciones que hayan surgido de un consenso con el Poder Ejecutivo. Pero si en el Senado se votan cambios en contra de la voluntad del Gobierno, la expectativa del oficialismo es que los diputados los rechacen y “reseteen” las leyes a su fisonomía original.

​ Comenzó a mostrarse permeable a algunos reclamos de los senadores y los gobernadores; si bien todavía no hay confirmaciones, cambiarían la redacción de un párrafo del régimen para grandes inversiones; el pedido de los patagónicos  Política