Las familias de Brenda, Morena y Lara quieren que la causa pase al fuero federal y ponen en duda el rol de Pequeño J​

Los familiares de las víctimas del conmocionante triple femicidio narco ejecutado en Florencio Varela temen que la identidad de los verdaderos autores de los homicidios de Lara Fernández, de 15 años; Brenda del Castillo, 20, y Morena Verdi, 20, no coincida con lo que aparece en la orden de arresto vigente que alcanza al, por ahora, principal sospechoso Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J.

Algunos allegados de las víctimas advierten que la investigación, en el estadio actual, estaría girando en torno a la búsqueda de bajos mandos de la banda narcocriminal que estaría detrás del triple crimen o, directamente, se habría enfocado a encontrar chivos expiatorios. Perejiles.

Incluso plantearon la posibilidad de que ni siquiera exista aquel presunto jefe narco que controla el negocio desde la villa Zavaleta, en el sur porteño. No solo por las dudas en torno a un pasaporte que se difundió cuando apenas despuntaba el fin de semana (y que, según se ve a simple vista, es falso), sino porque llama la atención que el tal “Pequeño J”, hasta que estalló este caso, no figuraba en los radares de los detectives policiales y judiciales que rastrean las bandas del narcomenudeo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, conscientes de los vasos comunicantes de esta clase de crimen organizado en toda el área metropolitana.

“Esa foto del tipo causa gracia. Parece el verdulero de la esquina, sin ofender a los verduleros. Le ves la cara a ese muchacho, no es capaz de negociar un cajón de naranjas. No parece un jefe narco, seamos serios”, planteó en las últimas horas Sabrina, madre de Morena, en diálogo con Radio Rivadavia. Y sentenció: “Obvio que no es él”. Se refería a las múltiples imágenes que circularon públicamente respecto de Tony Janzen Valverde Victoriano.

El pasaporte de Pequeño J, difundido en medios de comunicación y viralizado en redes sociales, no forma parte del material identificatorio con el que se tramitó la notificación roja internacional de Interpol para capturar al prófugo; todo indica que se trataría de documentación adulterada, quizás con la burda asistencia de algún programa de inteligencia artificial, según pudo constatar LA NACION con fuentes relacionadas con el proceso de carga de esa información.

El abogado de la familia de Morena Verdi, Diego Storto, elevó ayer las críticas respecto de la forma en que fue articulada la vinculación con el caso del supuesto cabecilla narco peruano de 20 años. Desde su estudio jurídico en el barrio porteño de Recoleta, donde por la mañana mantuvo un encuentro con la madre de Morena, cuestionó el rumbo de la investigación y pidió el pase de la causa al fuero federal.

“No sabemos quién es este Pequeño J, no sabemos siquiera si Pequeño J es Pequeño J. Tiene que estar investigado o no. ¿De dónde y desde cuándo sabe la Justicia quién es Pequeño J? La verdad que nosotros no sabemos”, dijo Storto, que llamó a “empezar de cero una investigación con el testimonio de la madre, que fue la última persona que vio con vida a Morena y que siguió de cerca los pasos de su hija”.

En ese sentido, el letrado arremetió contra el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien días atrás había dado crédito a la hipótesis de que “el narco responsable ya tiene pedido de captura, está confirmado que tiene 20 años y que es peruano”, y también había afirmado que el triple crimen fue filmado por sus ejecutores y retransmitido, a través de alguna red social, a un grupo reducido de personas –eventualmente, parte de la banda–, como para dar una advertencia del final que pueden correr quienes cometan una traición al jefe de la organización.

“Fíjense la incongruencia del relato del ministro Alonso. Si habló de una organización narcocriminal, automáticamente la causa tiene que pasar a un fuero federal, porque están investigando una organización de droga que mató a personas por droga. Entonces, no se entiende lo que dijo el ministro, como también habló de videos, situaciones que, a esta altura, yo no creo en nada”, sostuvo.

Fuentes policiales, en tanto, aseveraron que “la realización de esa transmisión en vivo de las torturas llegó a conocimiento de los detectives de la DDI de La Matanza 48 horas después de los homicidios. Al menos dos ‘transas’ de Ciudad Evita que son informantes policiales avisaron de las torturas y aportaron datos sobre Pequeño J o Julito, el jefe narco peruano que habría secuestrado a las tres jóvenes porque presuntamente le habían robado”.

Por el momento, tal como expresaron sobre todo las familias de Morena y Brenda (que eran primas) y sus abogados, el mapa del caso acumula incongruencias y varios cabos sueltos, un escenario que generó contrapuntos entre la investigación –que la fiscalía mantiene bajo secreto de sumario– y la información difundida públicamente por el gobierno bonaerense.

Como informó LA NACION, hasta el triple crimen de Florencio Varela, el supuesto traficante Pequeño J estaba fuera de los radares de los detectives policiales y judiciales que rastrean las bandas del narcomenudeo en el área metropolitana.

El entorno de Brenda también pidió sacar la causa del ámbito provincial y llevarla a la Justicia federal, y cuestionó la existencia de Pequeño J como presunto ideólogo de los crímenes. Leonel del Castillo, padre de la joven, definió al principal apuntado como “una falta de respeto hacia los familiares”.

Abuelo de Brenda y Morena

“Yo creo que no existe [Pequeño J], que están queriendo desviar la causa y encubrir a los verdaderos responsables”, le dijo a LA NACION ayer, mientras organizaba una nueva protesta en la rotonda de La Tablada, a metros del complejo de monoblocks donde residían las víctimas y donde fueron vistas por última vez con vida antes de subirse a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Además, reiteró que no pudo reconocer el cuerpo de su hija, que nunca accedió a la descripción de la autopsia y acusó que se llevaron a cabo allanamientos ilegales.

También pidió hacer foco en un eventual entramado vinculado al poder. “Nosotros mantuvimos siempre la misma línea, y es diferente de la que tiene que ver con el Pequeño J. Apunta hacia el distrito donde estamos: La Matanza”, señaló. “Tenían que haber empezado a buscar por acá, están haciendo todo al revés”, amplió, en un reportaje con LN+. Y apuntó contra Axel Kicillof y Fernando Espinoza: “El gobernador y el intendente nunca nos recibieron. Al contrario, fuimos a hacer una protesta a la apertura de la feria del libro de La Matanza y le tiraron gas pimienta a una de mis hijas”.

Las indagatorias

Ayer al mediodía fue trasladado a la fiscalía N° 11 de San Justo el sexto detenido por el triple crimen, Ariel Giménez, de 29 años, argentino, acusado de ser quien cavó el pozo donde fueron enterradas las mujeres en Florencio Varela. Su detención se produjo luego de que el chofer de una aplicación declarara que había llevado desde esa zona a un pasajero que cargaba una pala, un pico y un parlante, y aportó la dirección de destino.

Al igual que los otros cuatro detenidos en primera instancia –la pareja dueña de la casa donde encontraron los cuerpos en Florencio Varela y otras dos personas señaladas por haber llevado a cabo la limpieza del triple crimen–, Giménez se negó a declarar ante el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en homicidios de La Matanza.

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Se espera que este martes se lleve a cabo una nueva ronda indagatoria con Lázaro Víctor Sotacuro, acusado de ser el chofer de un Volkswagen Fox blanco que se investiga como supuesto apoyo de la camioneta que trasladó a las víctimas hacia Florencio Varela. Se trata de un hombre de origen boliviano que fue detenido el fin de semana pasado en la frontera de Jujuy con Bolivia. Desde entonces se encuentra recluido en la cárcel de Sierra Chica y, según trascendió, esta mañana se le tomará declaración vía Zoom.

La séptima detenida fue Florencia Ibáñez, de 30 años y sobrina de Sotacuro, la séptima de los detenidos. A la mujer la arrestaron ayer a la tarde cuando salía de los estudios de televisión de A24, en el barrio porteño de Palermo, donde se presentó para hablar, dado que había sido captada por las cámaras de seguridad en el coche que su tío manejaba y por lo cual fue detenido. También será indagada hoy. “Arribas le va a tomar declaración, que la pedimos nosotros”, dijo su abogado defensor, Guillermo Endi, quien aseguró que “ella va a entregar todo”, ya que “es inocente”.

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