La industria de la “big pharma” tiene un gran dolor de cabeza: Donald Trump. Últimamente, los fabricantes de medicamentos debieron soportar declaraciones presidenciales sobre todo, desde vacunas hasta paracetamol. Y el dolor no se disipa. Decidido a bajar los precios “abusivos” del sector, Trump les dio un plazo a las principales compañías del rubro para ajustar sus valores al más bajo que se cobre en otros países ricos—una regla que él llama precios de “Nación más favorecida” (MFN, por sus siglas en inglés)—o enfrentar “todas las herramientas de nuestro arsenal”.

El 1º de octubre presentó “TrumpRx”, un sitio web del gobierno que ofrece a los pacientes medicamentos con fuertes descuentos. Pfizer, gigante farmacéutico, se inscribió, lo que hizo subir el precio de sus acciones y arrastró a otras compañías del sector. Además, proveerá sus medicamentos a Medicaid, el programa de salud estadounidense para los pobres, a “precios MFN”, aunque los términos siguen siendo confidenciales y Medicaid representa menos del 5% de las ventas de Pfizer en Estados Unidos.

En paralelo, Trump busca fomentar la producción nacional. Desde el 1º de octubre, los medicamentos de marca importados enfrentan un arancel del 100%, a menos que sus fabricantes estén construyendo plantas en Estados Unidos. Su administración también evalúa aranceles adicionales bajo una ley que permite restringir importaciones por motivos de seguridad nacional.

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Como suele ocurrir, el diagnóstico trumpista contiene algo de verdad. Los precios de los medicamentos son efectivamente más altos en Estados Unidos que en otros países ricos. Pero la receta de dos puntos del presidente trastoca un modelo que ha sostenido durante décadas a la industria farmacéutica global. Podría tener efectos no deseados: dejar a los estadounidenses con menos medicamentos, pero no necesariamente más baratos, mientras que en otros países los fármacos serían menos y más caros. David Ricks, de Eli Lilly—la farmacéutica más valiosa del mundo—advirtió que la fijación de precios MFN arriesga “lo peor de dos mundos”: importar la lenta innovación europea y, al mismo tiempo, mantener los precios altos en Estados Unidos.

Oferta globalizada

Los precios de los medicamentos han sido un tema recurrente para políticos de ambos partidos. Un estudio de Rand Corporation estima que en EE. UU. son más de tres veces el promedio de otros países ricos. Estados Unidos aporta alrededor del 70% de las ganancias globales de la industria farmacéutica con aproximadamente la mitad de las ventas mundiales.

Esto se debe en parte a la organización del mercado. La oferta está globalizada: la mayoría de los ingredientes activos se produce en centros de bajo costo como India; gran parte de la investigación y desarrollo ocurre en EE. UU., Europa y, cada vez más, China.

Del lado de la demanda, sin embargo, los precios se fijan localmente. En Europa y otros países ricos, las farmacéuticas negocian directamente con los gobiernos, que tienen un gran poder de compra y suelen vincular los pagos a la relación costo-beneficio. En EE. UU., los precios surgen de una compleja red de contratos que conecta fabricantes con aseguradoras de salud, empleadores y gestores de beneficios de farmacia (PBMs).

Aunque los programas de seguro público cubren a la mitad de la población, negocian pocos precios. La ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Joe Biden autorizó a Medicare a negociar directamente con los fabricantes, pero solo diez medicamentos estarán cubiertos en 2026 y veinte en 2029. Según un ejecutivo, las empresas “aceptan lo que obtienen en Europa”, porque los retornos son mayores en Estados Unidos.

Las patentes ayudan a mantener altos esos retornos: el 90% de los US$490.000 millones gastados en medicamentos recetados en EE. UU. el año pasado fue en fármacos de marca (principalmente patentados y sin genéricos más baratos). Sin embargo, estos representaron solo el 7% de las recetas.

Cuestión de tiempo

La brecha internacional de precios alimenta acusaciones de que los extranjeros se benefician gratis de la innovación estadounidense. Pero no está claro si los estadounidenses pagan demasiado o los demás demasiado poco. Además, los nuevos medicamentos tienden a lanzarse primero en Estados Unidos, donde los pacientes acceden antes.

Trump no tiene dudas: los estadounidenses están siendo estafados, y quiere poner fin a estas prácticas. Pero su plan MFN es, como siempre, difuso. Ha dicho que debería aplicarse tanto a programas públicos como a aseguradoras privadas, pero no explicó cómo se fijará ese precio.

Una posibilidad es un programa piloto solo para planes públicos. Otra, la vía legislativa: Josh Hawley, senador republicano, y Bernie Sanders, demócrata de izquierda, han apoyado codificar el MFN. Por ahora, sin embargo, es poco probable.

Una tercera opción es incorporar el MFN a las negociaciones de la IRA. También hay indicios de que la FDA podría involucrarse. Su comisionado, Marty Makary, sugirió que el organismo podría acelerar revisiones para medicamentos de compañías que se comprometan a “igualar” precios entre EE. UU. y otros países. Cualquiera de estas vías despertaría litigios; cuando Trump propuso una versión limitada en 2020, fue frenado por juicios de la industria.

La ambición de la administración inquieta a las farmacéuticas. Las más expuestas son las que dependen de Medicare y Medicaid—Amgen, Bristol Myers Squibb, Gilead y Johnson & Johnson obtienen más de un tercio de sus ventas de estos programas. El banco Jefferies estima que una regla MFN, combinada con aranceles, podría recortar sus ganancias en alrededor de una sexta parte.

Los ejecutivos advierten que menores ingresos podrían traducirse en menos nuevos fármacos. No es solo alarmismo: Darius Lakdawalla, de la Universidad del Sur de California, calcula que una caída del 10% en los ingresos esperados podría reducir la innovación (medida en aprobaciones o ensayos clínicos) hasta en un 15%.

Las compañías intentarán limitar daños. Bristol Myers Squibb, por ejemplo, lanzará un tratamiento para la esquizofrenia en Reino Unido al mismo precio que en EE. UU. Pascal Soriot, de AstraZeneca, dijo que los países europeos más ricos deberían pagar más por la innovación, “igual que deben contribuir más a su propia defensa”. Ricks, de Eli Lilly, sostuvo que los gobiernos europeos “no están dispuestos a pagar más por medicamentos”. El ejecutivo prefiere usar herramientas comerciales para “rebalancear la ecuación”, algo que la administración ha insinuado. Pero Peter Kolchinsky, de RA Capital, advirtió que si el MFN empuja los precios fuera de EE. UU. más allá de lo que otros países estén dispuestos a pagar, pondrá en riesgo las ganancias que hoy sí aportan.

Las consecuencias imprevistas son probables. Las farmacéuticas podrían subir los precios de lista en mercados extranjeros, elevando así el precio MFN, para luego ofrecer descuentos confidenciales que mantengan el precio neto. También podrían cambiar formulaciones para dificultar comparaciones o retrasar lanzamientos en países más baratos para evitar fijar un punto de referencia bajo.

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Estas estrategias ya se han visto: un trabajo de 2023 mostró que reglas similares en Europa demoraron lanzamientos hasta un año en ocho países de bajos ingresos. La conclusión fue que un sistema semejante en EE. UU. tendría efectos limitados en los precios locales, mientras que los países más pobres sufrirían demoras en acceder a nuevos medicamentos.

Comparado con la alteración de precios, el impacto de los aranceles sería menor. Estos excluyen a los medicamentos genéricos, que representan el 90% de las recetas, y eximen a las empresas que invierten en plantas en EE. UU., lo que muchas ya prometieron. Pero construir y certificar fábricas toma entre dos y cuatro años, y producir en EE. UU. es más caro, además de depender de ingredientes importados, vulnerables a más proteccionismo.

Los fabricantes insisten en que no son el blanco correcto. The Economist calcula que absorben dos quintos de las ganancias extraordinarias del sector salud en EE. UU.; el resto va a aseguradoras, PBMs y hospitales. Estos últimos también están bajo investigación regulatoria. Sin embargo, las farmacéuticas cargan con la mayor parte de la culpa.

Algunos fabricantes ya tienen sus propias versiones de TrumpRx, saltándose intermediarios. Eli Lilly y Novo Nordisk ofrecen tratamientos contra la obesidad a mitad de precio. Pfizer y Bristol Myers Squibb planean vender Eliquis, un anticoagulante estrella, con más de 40% de descuento. Pero esos arreglos funcionan sobre todo para medicamentos autoadministrados; en tratamientos complejos, los intermediarios siguen siendo indispensables.

Qué hará Trump con el MFN sigue siendo incierto. Pero la incertidumbre ya pesa sobre la inversión. Un inversor dice que está en “modo esperar y ver” antes de financiar nuevas biotecnológicas. Desarrollar un fármaco toma una década y cuesta más de US$2000 millones; menos de una décima parte llega al mercado. Un ejecutivo de una gran farmacéutica advierte que “cuatro años de caos destrozarán a la industria”. Uno de los sectores más innovadores de EE. UU. corre el riesgo de pasar esos años sobreviviendo, en vez de prosperar.

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