Son las diez de la mañana y buena parte del ecosistema que alguna vez dio vida a La Salada, conocida como la feria informal más grande de América Latina, está hoy en la calle, reclamando su reapertura. Las persianas bajas de Punta Mogote, Ocean y Urkupiña ya no marcan el fin de una jornada, sino el colapso de un sistema económico que sostenía a miles de familias, y cuyo impacto real todavía no se dimensiona. “No podemos ni entrar a buscar la mercadería”, repite Yolanda, que como muchos otros forma parte de la comunidad boliviana que produce lo que vende: ropa confeccionada en talleres propios, que abastece a mayoristas de todo el país.

Durante las primeras horas de este lunes, puesteros de La Salada bloquearon ambos sentidos de Camino Negro, a la altura del acceso a la ciudad de Buenos Aires por Puente La Noria, en reclamo por la reapertura del predio.

La manifestación generó importantes demoras en el tránsito en ambas direcciones. En un primer momento, las fuerzas de seguridad no aplicaron el protocolo antipiquetes e intentaron liberar al menos un carril para permitir el paso de vehículos.

El corte comenzó de forma pacífica, encabezado por feriantes. No obstante, pasadas las 9 de la mañana, la Policía Federal desplegó un operativo para desalojar a los manifestantes y restablecer la circulación, lo que derivó en algunos incidentes.

Pasadas las 10, el tránsito fue habilitado mano a Capital.

Desde la detención de Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”, la feria pasó de ser el corazón que irrigaba el bolsillo de miles de familias, a un foco de angustia. La Justicia clausuró galpones, los administradores fueron detenidos, y los puesteros quedaron atrapados en una maraña judicial, en muchos casos, sin poder acceder a su propia mercadería.

“Mi queso se pudrió. Las empanadas, las carnes, todo. Tenía heladeras llenas de mercadería y a esta altura debe estar todo podrido”, se lamenta Lourdes, que tenía un puesto gastronómico. Todavía no piensa en reinventarse, sino que reclama por el retorno de la feria.

La feria no es solo un lugar de venta: es un ecosistema productivo. Froilán y Alejandro, también de origen boliviano, fabrican la ropa que luego venden en sus propios puestos. Si no pueden abrir, no producen. Y si no producen, no abastecen a los mayoristas, que a su vez no le venden a los minoristas de todo el país. La cadena se corta y se multiplica en cada eslabón: los gastronómicos no trabajan, los carreros no trasladan mercadería, los clientes no compran. Todo se detiene.

“La Salada es más que una feria, es una red económica que alimenta a miles de familias. Hoy esa red está rota”, describe Mariza Cerró, una feriante que atendía tres puestos “grandes” de venta de indumentaria para chicos.

Del auge al colapso

El contraste entre los feriantes y las cifras del expediente judicial es brutal. Castillo, su socio Aldo Enrique Presa y Enrique Antequera construyeron un imperio con base en Punta Mogote S.C.A. y Urkupiña S.A. Según la causa, solo Punta Mogote generó ingresos por 26.827 millones de pesos entre 2021 y 2025. Gran parte de ese dinero se bancarizó con maniobras de lavado que incluyeron facturas apócrifas, empresas fantasmas, haras, viñedos y sociedades offshore como Manley Services Assets Corp., en Panamá.

En los allanamientos a Castillo se secuestraron 430 millones de pesos, más de 2,5 millones de dólares, euros, reales y hasta máquinas para contar billetes. El movimiento era tan descomunal que los fajos no se contaban billete por billete, sino “millón por millón”. En una casa de Luján se encontraron 47 bultos con dinero. Cada uno, según se supo, contenía un millón de pesos.

Mientras los titulares hablan de los miles de millones de pesos que movía Castillo, sobre Camino Negro los reclamos son por lo básico: poder abrir, trabajar, recuperar la mercadería.

“La Salada se hizo sobre el trabajo de miles de personas. Hoy se castiga a todos por igual, como si todos fueran parte de la corrupción. Si los dueños hicieron algo más, que paguen, pero La Salada para nosotros es nuestra fuente de vida”, resume Alejandro, uno de los comerciantes.

Puestera

“Yo vengo todos los días a laburar, pero esto está muerto”, dice Esteban Sánchez, de 50 años, carrero de La Salada desde hace más de una década. Está parado frente a uno de los ingresos del complejo Urkupiña con su carro vacío. En lugar de las bolsas de mercadería que suele transportar para los puesteros, hoy lleva a su amigo sentado arriba, a modo de broma, como para matar el tiempo. “Cobramos 5 o 10 mil pesos por viaje, depende la distancia, pero con el predio cerrado no hay nada para hacer. Nadie gana un mango”, explica, con resignación.

Sánchez cuenta que antes hacía entre 10 y 15 viajes en una jornada. Ahora, con suerte uno o dos. “Esto está parado, la gente no tiene para comer. Si no se reactiva, se va a pudrir todo. Toda esta zona vive de la feria, no solo los feriantes: los que cocinan, los que limpian, los que cuidan los autos, los carteros como yo. Es una cadena”.

Mientras habla, algunos compañeros suyos se agrupan en la entrada, sin mucho que hacer. “No queremos quilombo, queremos trabajar. Pero si nos siguen dejando sin laburo, ¿qué hacemos? Esto no se aguanta mucho más”, lanza, mirando hacia el predio cerrado. La incertidumbre se mezcla con el enojo, y detrás del carro vacío, lo que más pesa es la sensación de que la rueda dejó de girar.

En los portones cerrados, detrás de las cortinas metálicas, hay pilas de jeans, remeras, mantas, hornos industriales, estufas apagadas, carne podrida. Las manos que antes cosían, cocinaban, cargaban o vendían ahora empujan changuitos vacíos o sostienen carteles improvisados. Los pasillos que alguna vez fueron un hormiguero de movimiento están en silencio. Mientras los expedientes judiciales avanzan en una dirección, miles de personas esperan una respuesta para entender si su viejo medio de vida aún sigue en pie.

​ La feria se mantiene cerrada luego de que Jorge Omar Castillo y otros 15 líderes del complejo fueron detenidos, acusados de maniobras de lavado  Sociedad