En desafío a la advertencia del presidente Javier Milei de que vetaría cualquier ley que atente contra el equilibrio de las cuentas públicas, los principales bloques de la oposición en la Cámara de Diputados avanzaron este jueves en sendos dictámenes que, con matices, apuntan a un mismo objetivo: garantizar un aumento, este año, de las partidas para el funcionamiento de las universidades conforme al índice de inflación y, en paralelo, disponer un reconocimiento por la no actualización de esas partidas durante 2023.

La intención de Unión por la Patria es llevar la iniciativa al recinto el 4 del mes próximo, el mismo día al que fue convocada una sesión especial para debatir otra cuestión urticante para el Gobierno: una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y la recomposición de los haberes para los jubilados y pensionados.

El radicalismo –bloque clave para el quorum en el recinto– prefiere ser cauto antes de llevar la embestida contra el Gobierno tan lejos. Sucede que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó el martes pasado que se accedería a reforzar en un 270% las partidas de funcionamiento de las universidades y en un 300% la de los hospitales universitarios. Dicho compromiso, indicó Adorni, se sellaría el lunes próximo en acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Sin embargo, los rectores universitarios, desconfiados de que el anuncio finalmente se cristalice, optaron por el silencio y dejaron que los bloques de la oposición hagan el juego de presionar al Gobierno con la amenaza de sancionar una ley de financiamiento que pueda desbarajustar el equilibrio fiscal.

“Si este lunes finalmente se concreta el aumento presupuestario que anunció Adorni, la ley carecería de sentido y la tensión en el Congreso aflojaría”, sintetizaron voces del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal.

Mientras esos aumentos presupuestarios no se traduzcan en hechos, la ofensiva opositora –motorizada por la marcha multitudinaria que tuvo lugar hace un mes en defensa de la universidad pública– promete seguir su curso. El martes pasado emplazó a las comisiones de Educación y de Presupuesto a que se dictamine sobre los proyectos presentados para aumentar el presupuesto universitario. Reunidas en plenario, estas comisiones emitieron esta tarde cuatro dictámenes.

El oficialismo, aliado al bloque de Pro, presentó su propio proyecto: allí insiste en que las subas en las partidas universitarias sean las que acuerden el Gobierno y los rectores del CIN. Asimismo, autoriza al Ejecutivo a actualizar al 1 de enero de 2024 el presupuesto prorrogado a las universidades nacionales por el índice de inflación.

“Que las partidas se actualicen conforme al acuerdo con el CIN no tiene sentido –replicó Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica)–. Es una expresión de deseo porque todavía no está suscripto y tampoco sabemos cómo eventualmente se va a suscribir”.

Coincidencias y diferencias

Tanto el dictamen de mayoría, impulsado por Unión por la Patria, como el que elaboraron, en conjunto, los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, tienen un denominador común: ambos proponen actualizar al 1 de enero de 2024 los gastos de funcionamiento y de los hospitales universitarios. Es decir, proponen una recomposición retroactiva por la no actualización presupuestaria del año pasado.

Además, ambos dictámenes proponen que este año se actualicen de manera bimestral las partidas para el funcionamiento de las casas de altos estudios con el índice de inflación.

“Están dadas las condiciones para tener una sesión con quorum y con los votos para aprobar este núcleo común que proponen ambos proyectos”, enfatizó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

La diferencia entre ambos proyectos es que el del kirchnerismo es más ambicioso, al menos en lo presupuestario. En efecto, propone que, además de las partidas de funcionamiento, también sean actualizados por inflación los programas “Fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades”, “Desarrollo de proyectos especiales”, “Desarrollo de institutos tecnológicos” y “Fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria”.

Asimismo, el proyecto kirchnerista instruye al Ejecutivo a que retome el financiamiento de todas las obras de infraestructura universitaria, actualmente suspendido, como así también lo conmina a que actualice las partidas salariales tanto de docentes como de no docentes del sector.

El proyecto de Unión por la Patria, además, pretende que no haya discriminación en el financiamiento a las más de 60 universidades emplazadas en todo el país. Se entiende: el kirchnerismo, durante su gobierno, se encargó de sembrar de casas de altos estudios en casi todas las provincias, sobre todo en Buenos Aires, una política que la oposición supo criticar de electoralista y prebendaria a favor de gobernadores e intendentes peronistas.

Es por ello que la iniciativa que promueven la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal establece criterios objetivos para la distribución de los fondos, entre ellos, el número de ingresantes, alumnos y egresados en cada institución y el tipo de carrera ofrecida, entre otros.

Los libertarios, aliados con los diputados de Pro, tomaron este último punto en su dictamen que, por cantidad de firmas, quedó segundo. Si los proyectos son llevados al recinto, el kirchnerismo perdería en este punto.

“Se necesitan criterios transparentes y claros. Porque si no el lobby político, el poder de los amigos o el vínculo político de turno lleva a que esa distribución entre las universidades no vaya a los estudiantes”, enfatizó la radical Danya Tavella.

La legisladora defendió el dictamen de su bancada que, además, establece la obligatoriedad de la realización de auditorías por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN).

“No vamos a permitir que este Gobierno, que ha elegido como áreas de ajuste la educación, la ciencia y los salarios y las jubilaciones, muy lejos de la casta, siga avanzando en este sentido. Por eso trajimos este dictamen comprometido con la ciudadanía, convencidos de que este es un proyecto que permite mejorar la calidad y la inclusión de nuestro sistema universitario “, insistió.

Por su parte, el diputado Osvaldo Llancafilo, de Innovación Federal, descargó en el Gobierno la irresolución del problema universitario. “El presidente Milei advirtió que vetará cualquier ley de la oposición que atente contra el equilibrio fiscal. Nosotros le decimos desde aquí que en el Congreso no estaríamos discutiendo esto si hubiese hecho su trabajo y alcanzado un acuerdo con los rectores. Las universidades deben funcionar con un presupuesto prorrogado cuando hubo una inflación acumulada del 287%. No sirven las promesas”, asestó.

Antes de la firma del dictamen, el diputado radical Fabio Quetglas indicó que si bien el Gobierno enfrenta una “circunstancia de fragilidad macroeconómica”, advirtió que “sin presupuesto carecemos de un horizonte ético de saber a quién le pedimos y a quién no le pedimos el esfuerzo”. “La arbitrariedad presupuestaria está haciendo estragos en un montón de aspectos de la vida pública”, sostuvo.

En similar sentido se expresó la jefa de la bancada de Innovación Federal, la salteña Pamela Calletti, para quien el problema principal recae en la ausencia de una ley de pesupuesto para este período. “Las universidades consumieron más del 90% de su presupuesto en el primer cuatrimestre”, alertó.

​ Unión por la Patria convocó a sesión especial el 4 del mes próximo, el mismo día en que se debatirá una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, también a instancias de la oposición  Política