PROVO, Utah.- El proceso judicial contra Tyler Robinson, acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, dio un nuevo paso este lunes en Utah. La defensa del joven de 22 años solicitó más tiempo para revisar la abultada evidencia presentada por los fiscales antes de decidir si pedirá una audiencia preliminar, el procedimiento clave para determinar si el caso avanza a juicio.

Por su parte, la fiscalía ya adelantó que buscará la pena de muerte en caso de condena por asesinato agravado. En Utah, la inyección letal es el método principal, aunque el fusilamiento está permitido como método alternativo.

La defensa, encabezada por la abogada Kathryn Nester, aclaró que no tiene intención de renunciar a la audiencia preliminar, un derecho que otorga el sistema judicial de Utah. No obstante, pidió tiempo adicional debido al carácter “voluminoso” de la evidencia.

Los abogados defensores de Robinson y los fiscales de la Fiscalía del Condado de Utah declinaron hacer comentarios tras la audiencia del lunes.

La audiencia, celebrada en un tribunal a pocos kilómetros de la Universidad del Valle de Utah, volvió a exponer la tensión que rodea al proceso. En esa institución, donde ocurrió el tiroteo el pasado 10 de septiembre, muchos estudiantes aún procesan el impacto de haber presenciado el ataque que acabó con la vida de una de las figuras más influyentes de la derecha estadounidense. Al igual que como sucedió en la primera cita judicial, Robinson compareció por videoconferencia desde la cárcel.

El juez Tony Graf fijó la próxima audiencia para el 30 de octubre. En esa instancia deberá decidirse si los fiscales presentan pruebas suficientes para sustentar la acusación de asesinato agravado y otros delitos penales, entre ellos el uso de armas de fuego y actos de terrorismo doméstico. El paso siguiente sería que Robinson ingrese una declaración de culpabilidad o, en caso contrario, que avance el proceso hacia un juicio formal.

El crimen que sacudió a la derecha estadounidense

El caso generó una fuerte conmoción política en Estados Unidos. Kirk, de 31 años, era un aliado cercano del expresidente Donald Trump y fundador de la organización juvenil Turning Point USA, con sede en Arizona. La agrupación se había convertido en un espacio clave para acercar a jóvenes cristianos evangélicos a la política conservadora mediante podcasts, redes sociales y eventos universitarios. Tras su muerte, Trump lo declaró “mártir de la libertad” y prometió intensificar su ofensiva contra lo que denomina la “izquierda radical”.

Según la fiscalía, Robinson planificó el ataque con antelación. El 10 de septiembre, desde la azotea de un edificio, disparó un solo tiro de rifle que impactó en Kirk mientras este se dirigía a una multitud reunida en un campus de Orem, Utah. El agresor fue arrestado tras una persecución de 33 horas, cuando se entregó en compañía de sus padres en la oficina del sheriff de su ciudad natal, en el suroeste del estado, a más de tres horas en auto del lugar del crimen.

Las pruebas reveladas hasta ahora por los fiscales incluyen mensajes de texto en los que Robinson expresaba su intención de matar a Kirk. En uno de ellos le escribió a su pareja: “Ya he tenido suficiente de su odio”. En otro, dejó una nota previa al ataque asegurando que tenía la oportunidad de eliminar a una de las voces conservadoras más influyentes del país “y la voy a aprovechar”. Además, los investigadores afirmaron haber encontrado evidencia de ADN que lo vincula directamente con el arma utilizada.

La muerte de Kirk galvanizó a las bases republicanas. Turning Point USA, su organización, prepara actos conmemorativos en varios campus del país. En uno de los eventos previstos para esta semana en la Universidad Estatal de Utah participarán figuras de alto perfil como el gobernador Spencer Cox y el senador Mike Lee. Los organizadores prometen que la misión de Kirk —fortalecer la influencia conservadora entre los jóvenes— continuará pese al crimen.

El caso de Robinson también abre un debate sobre la violencia política en Estados Unidos y el uso de la pena de muerte como castigo en casos de magnicidio político.

Agencias AP y Reuters

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