WASHINGTON.- En una decisión tomada como un triunfo para el presidente Donald Trump en sus esfuerzos para restringir la inmigración, la Corte Suprema de Estados Unidos acordó el viernes permitir que el gobierno ponga fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en algunas partes del país, incluso mientras los desafíos legales a la constitucionalidad de la medida proceden en otras regiones.

La decisión de seis votos contra tres, redactada por la jueza Amy Coney Barrett y dividida en líneas ideológicas, aceptó una solicitud de la administración Trump para reducir el alcance de tres medidas cautelares a nivel nacional emitidas por jueces federales en los estados de Maryland, Massachusetts y Washington que detuvieron la aplicación de su directiva mientras se desarrollaban los litigios que desafían la política del presidente.

GIANT WIN in the United States Supreme Court! Even the Birthright Citizenship Hoax has been, indirectly, hit hard. It had to do with the babies of slaves (same year!), not the SCAMMING of our Immigration process. Congratulations to Attorney General Pam Bondi, Solicitor General…

— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 27, 2025

Esta es una importante victoria judicial para Trump y puede permitir que se modifique, aunque sea temporalmente, la forma en que se concede la ciudadanía en Estados Unidos.

El presidente lo celebró en su red Truth Social. “Victoria gigante”, escribió. “Incluso el engaño de la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido, indirectamente, duramente golpeado. Tuvo que ver con los bebés de esclavos (¡el mismo año!), no con la estafa de nuestro proceso de inmigración”, añadió en el posteo.

Minutos antes del mediodía, el mandatario inicio una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la que le agradeció a los seis jueces que votaron la medida. “El país tiene que estar muy orgulloso de la Corte Suprema hoy”, dijo.

La orden no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, señalaron los jueces en su dictamen, lo que permitirá que su legalidad siga siendo impugnada. Los magistrados de la Corte tampoco abordaron la constitucionalidad subyacente de la orden del presidente de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, dejando potencialmente esa cuestión para otro momento.

La orden ejecutiva de Trump para poner fin a la garantía de ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y algunos residentes extranjeros temporales fue una de las medidas más polémicas del inicio de su segundo mandato, el 20 de enero pasado.

El decreto ordenaba a las agencias federales que se negaran a reconocer la ciudadanía a los bebés nacidos en Estados Unidos que no tuvieran al menos un progenitor que fuera ciudadano norteamericano o residente permanente legal.

La administración Trump había pedido a los jueces que redujeran las medidas cautelares a nivel nacional para que se apliquen solo a las mujeres embarazadas, los grupos de defensa de los inmigrantes o los estados que desafiaron la prohibición, lo que los opositores al presidente afirmaron que entraba en conflicto con la Constitución, las sentencias judiciales anteriores y la propia historia del país.

Desde que Trump la firmó, la orden ejecutiva enfrentó rápidamente desafíos legales en cortes de todo el país. Jueces de distrito de los estados de Washington, Massachusetts y Maryland fallaron de forma unánime en contra del gobierno y bloquearon la entrada en vigencia del decreto, por lo que el caso pasó a ser clave la agenda de la Casa Blanca. En esos estados, las demandas presentadas sostuvieron que el presidente no tenía la autoridad para rescindir una enmienda de la Constitución con una orden ejecutiva.

La Corte había anunciado en abril pasado que estudiaría la congelación a escala nacional de la orden ejecutiva de Trump, lo que en ese momento generó una respuesta del presidente sobre la que había sido una de sus promesas de campaña. Trump afirmó que estaba “muy contento” de que los jueces se ocuparan de la cuestión de la ciudadanía porque había sido “muy malinterpretada”. Sostuvo que la 14ta Enmienda -que se consideró que concedía la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos- en realidad “trataba de la esclavitud”.

“No se trata de que lleguen turistas y toquen un poco de arena y de repente haya ciudadanía”, dijo Trump. “Todo se trata de la esclavitud”, agregó.

Durante muchos años, jueces y expertos en derecho constitucional en Estados Unidos han coincidido en que, aunque la 14ta Enmienda se añadió a la Carta Magna después de la Guerra Civil (1861-1865), no se trata en su totalidad, de hecho, sobre la esclavitud. Por el contrario, los tribunales han sostenido que la enmienda ampliaba la ciudadanía no solo a los hijos de antiguos esclavos, sino también a los bebés nacidos dentro de las fronteras de Estados Unidos.

Ahora, el fallo dividido de la Corte limita el uso de medidas cautelares a nivel nacional, una maniobra judicial que creció durante los primeros meses del segundo mandato de Trump.

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso identificó 25 casos entre el 20 de enero y el 29 de abril en los que un juez de distrito emitió una orden judicial a nivel nacional. Esos incluyen casos sobre temas que van desde la financiación federal hasta la diversidad, la equidad y las consideraciones de inclusión a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el tema en cuestión en la opinión de la Corte de este viernes que restringe su uso.

Ese número contrasta con los 28 casos de medidas cautelares a nivel nacional que el Servicio de Investigación del Congreso identificó de la administración del expresidente Joe Biden y los 86 de todo primer mandato de cuatro años de Trump.

“Hoy, el Tribunal Supremo ordenó a los tribunales de distrito que detengan el interminable aluvión de medidas cautelares a nivel nacional contra el presidente”, celebró la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en un posteo en X poco después de conocerse el fallo.

Today, the Supreme Court instructed district courts to STOP the endless barrage of nationwide injunctions against President Trump. This would not have been possible without tireless work from our excellent lawyers @TheJusticeDept and our Solicitor General John Sauer.

This…

— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) June 27, 2025

Bondi señaló que el Departamento de Justicia “continuará defendiendo celosamente las políticas de Trump y su autoridad para implementarlas”. Las medidas cautelares universales han sido una fuente de frustración para la administración Trump en medio de un aluvión de desafíos legales a sus prioridades en torno a la inmigración y otras promesas de campaña.

Grupos de defensa legal que han luchado activamente contra las políticas más radicales de la administración Trump prometieron encontrar soluciones, incluidas demandas colectivas e impugnaciones paralelas en múltiples distritos federales, si fuera necesario.

“Quedan varios caminos para que las personas obtengan alivio de los tribunales”, dijo Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, en un comunicado, en el que calificó la sentencia de “decepcionante y un obstáculo más” para proteger los derechos constitucionales.

Las impugnaciones legales al decreto habían puesto el foco en lo que marca el texto de la 14ta Enmienda: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen”.

Los defensores de la ciudadanía por derecho de nacimiento lo destacan como una “piedra angular” de lo que significa ser norteamericano, parte del “espíritu nacional” del país como un lugar abierto a todos, “independientemente de su fe, raza o credo”.

Uno de los escritos presentados ante la Corte, por parte de un grupo de defensa de los inmigrantes, argumentaba que “la ciudadanía por derecho de nacimiento es el núcleo del precepto fundacional de nuestra nación de que todas las personas nacidas en nuestro suelo son creadas iguales, independientemente de su ascendencia”.

Decisión por Obamacare

Por otra parte, la Corte preservó este viernes un elemento clave de la Ley de Asistencia Asequible -popularmente conocida como Obamacare- que ayuda a garantizar que las aseguradoras de salud cubran la atención preventiva, como las pruebas de detección del cáncer, sin costo alguno para los pacientes.

Es la cuarta vez en los últimos 13 años que el alto tribunal rechaza los principales desafíos a la ley de 2010, impulsada por el expresidente Barack Obama. Esta vez, la votación fue de seis a tres, con el juez Brett Kavanaugh escribiendo la opinión mayoritaria para una mayoría. Tres de los magistrados conservadores de la Corte disintieron.

El caso se centraba en los expertos conocidos como Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos. Obamacare autorizó al grupo de trabajo a especificar las pruebas de salud y otros servicios preventivos que las aseguradoras deben cubrir sin cobrar a los pacientes copagos, deducibles u otros gastos compartidos. Decenas de millones de estadounidenses dependen de estos servicios, como las pruebas de detección del cáncer, los medicamentos para enfermedades cardíacas y el fármaco que previene la transmisión del VIH.

​ El mandatario celebró como una “victoria gigante” que el máximo tribunal acordara habilitar su reforma; los magistrados no abordaron los cuestionamientos a su constitucionalidad  Estados Unidos