CÓRDOBA.– El gobierno de Javier Milei anunció que auditará las 1.222.000 pensiones por invalidez laboral que a diciembre pasado había en la Argentina. Se trata de una réplica del estudio que se hizo a fines de 2016, durante la gestión de Cambiemos, cuando las pensiones eran 1.037.931 en todo el país, el equivalente al 6,9% de la Población Económicamente Activa (PEA) de entonces. Ahora suman el 8,6% de la PEA y el 2,65% de la población total de la Argentina.

Las pensiones que se otorgan por invalidez integran el conjunto de pensiones asistenciales, que son, en total, 1.548.662 (según datos de junio pasado) e incluyen la cobertura por vejez, a las madres de siete o más hijos, las establecidas por leyes especiales, las graciables y las que perciben los excombatientes de Malvinas.

La lupa sobre el mapa de la Argentina ratifica que el norte –tanto en NEA como el NOA– es la región que concentra el mayor porcentaje de pensiones por invalidez laboral sobre la población activa, determinada por Indec para el tercer trimestre de 2023. Pero hay números alarmantes: por caso, el 49,8% de la población en condiciones de trabajar de Chaco recibe una pensión por invalidez, casi 20 puntos más que en octubre de 2016, cuando LA NACION reveló el escándalo por estas cifras a nivel nacional.

En ese distrito, la Justicia investiga, por ejemplo, el caso de Taco Pozo, donde el 10% de la población cobra pensiones por discapacidad laboral a través de certificados supuestamente truchos. El intendente del municipio y su hija fueron imputados por participar de la asociación ilícita junto a otras 11 personas. La causa comenzó en febrero de 2023 y es investigada por el fiscal federal Carlos Amad.

La provincia norteña desplazó del primer lugar a Santiago del Estero, que tiene 44,2% de la PEA con estas pensiones (sumó 10 puntos porcentuales en el período). Segunda quedó Misiones, con 44,6% de estas ayudas. Detrás se ubica Corrientes, con 41,8% y después Formosa, con 36,8% (cinco puntos porcentuales más en casi ocho años). Salta registra en el mismo lapso un alza de casi ocho puntos de estas pensiones, equivalente al 19% de su PEA. En Catamarca, alcanzar al 16,3%; en La Rioja, al 15,6% y en Jujuy, al 13,2%.

Para tener una referencia del resto del país, en la provincia de Buenos Aires el porcentaje es 4,2% de la PEA y en CABA, el 1,6%. En Mendoza ascienden al 8,9%; en San Luis, al 14,9%, y en Neuquén, al 7,4%.

El crecimiento de las pensiones otorgadas por invalidez –que en 2001 eran solo 75.947– empezó a acelerarse en 2009, cuando ya sumaban 372.000, para superar el millón en 2014. Es decir, en 13 años, el crecimiento fue de 1240,4%. Sin que intermediaria una guerra, epidemia o crisis de ningún tipo que afectara las capacidades laborales de tantos argentinos. Lo que ocurrió, en cambio, es que desde 2009 se multiplicó la “oferta” de certificados de invalidez en algunas provincias para quienes se acercaban a solicitar una asistencia del Estado. En los últimos diez años y hasta junio, la cifra de pensioados por invalidez laboral aumentó 20,2%. El monto que perciben es de $210.000 mensuales.

Siempre según datos oficiales, durante la gestión macrista la cantidad de estas pensiones cayó 1,7%. La exministra de Desarrollo Social Carolina Stanley fue quien en esa administración anunció que se “revisarían” los otorgamientos; hubo recortes y, después –en medio de marchas de reclamo– se reestableció la mayoría.

“Sutilezas” en campaña

Para acceder a una pensión no contributiva por invalidez, la persona debe encontrarse “imposibilitada, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para la plena inclusión”, según consta en la plataforma de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tampoco debe “percibir una jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva; no estar empleado bajo relación de dependencia, ni registrado como autónomo o monotributista del régimen general”, pero sí como monotributista social.

Sin embargo, la web de Anses señala que la “pensión no contributiva por invalidez es ‘compatible’ con el trabajo, ya sea en relación de dependencia, en forma autónoma o como monotributista del régimen general o monotributista social”. En cambio, de recibirla, se corta la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo.

Jorge Colina, economista de Idesa, explica la “sutileza” de esa diferencia: “Para acceder el requisito b) es no poseer un vínculo laboral formal o encontrarse inscripta o inscripto en el Régimen General y/o Simplificado vigente. (Dec. 432/97). La razón es que si están con vínculo formal o monotributo, corresponde una pensión por incapacidad contributiva. Pero una vez otorgada la no contributiva no prohíben trabajar, porque no sería inclusivo para la discapacidad. Por el decreto 566/2023, el 31 de octubre de 2023 –en campaña– Sergio Massa elimina el inciso b”.

Ese nuevo texto dice: “Establécese a favor de la persona con discapacidad en situación de vulnerabilidad el trato más favorable en materia de inclusión laboral, a efectos de brindar una adecuada protección y garantía de igualdad”. Según los datos que dio el vocero de la Rosada, Manuel Adorni, se estima que entre un 30% y un 40% del padrón fueron asistencias mal concedidas. Se auditó una muestra de 2500 pensiones, según dijo.

Colina subraya que “no está muy en claro cuáles son los criterios técnicos que los médicos de los hospitales públicos siguen” para otorgar los Certificado Médicos Oficial (CMO), que es el documento que la Anses exige para otorgar la pensión por invalidez. “En cambio, en las pensiones contributivas, quienes evalúan la discapacidad son las comisiones médicas del sistema previsional y de riesgos del trabajo –añade–. En teoría, estos peritos son mucho más profesionales y está controlados, mientras que un médico de hospital público provincial, pone una firma y luego no se auditan los criterios que aplicó para hacerlo”.

​ La administración de Javier Milei anunció que auditará el otorgamiento de estos beneficios, que equivalen al 8,6% de las personas económicamente activas en todo el país; el monto individual es de $210.000  Política