Un tribunal federal de apelaciones ordenó a Walmart pagar hasta US$24 millones al gobierno, tras las denuncias presentadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) debido a la falta de registros que acreditaran el estatus legal de sus trabajadores el país.

Qué dictaminó el escrito en contra de Walmart

De acuerdo con los documentos oficiales presentados por FindLaw, el tribunal de alegación determinó que la agencia podía continuar con las investigaciones ante el Juez de Derecho Administrativo (ALJ, por sus siglas en inglés) que acusan a la empresa de incumplir con las leyes de inmigración laboral.

Esta resolución surgió tras el rechazo de un pedido previo de Walmart de que el juez administrativo encargado de los casos era protegido de la supervisión presidencial. En ese sentido, el tribunal declaró que dichos jueces tienen la autoridad de decidir sobre casos civiles que involucren infracciones de leyes de inmigración.

“Un jefe de departamento ejecutivo políticamente responsable sigue siendo en última instancia responsable de las decisiones de los ALJ y, como tal, el Presidente puede ejecutar fielmente la ley”, detalló el dictamen.

La respuesta de Walmart a la decisión del tribunal de apelación

Poco después de conocerse la decisión del tribunal, un portavoz de Walmart emitió un breve comunicado al medio KNWA Fox 24, donde anticipó que se defenderá de las acusaciones presentadas por la agencia.

“Walmart discrepa, de manera respetuosa, la decisión del Undécimo Circuito. El propio gobierno admitió que los jueces de derecho administrativo no pueden, constitucionalmente, conocer este caso“, estipuló la corporativa.

”Sin embargo, Walmart se defenderá enérgicamente de las acusaciones del gobierno sobre su cumplimiento de las normas técnicas de mantenimiento de registros en cuestión”, agregó.

Los antecedentes de la apelación

El conflicto entre ICE y Walmart se dio entre 2018 y 2021, cuando la agencia reportó 11 mil casos en los que la empresa habría violado los registros que demostraran que sus trabajadores estaban autorizados a trabajar en EE.UU.

Debido a estas irregularidades, el ICE presentó 20 denuncias contra Walmart y solicitó una multa de US$24 millones. El caso fue asignado a la Jueza Principal de Derecho Administrativo, Jean King, del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), lo que dio pie a la defensa de la corporativa en un tribunal en Georgia contra cinco demandados, en los que se incluía a la jueza inicial del caso y el Fiscal General de Estados Unidos.

En el escrito, Walmart alegó que la presencia del juez administrativo en el caso infringía el poder ejecutivo del presidente. Por tanto, se opuso a que sus cargos fueran investigados por Jean King.

Esto llevó al tribunal a fallar a favor de la corporación e imponer una medida cautelar permanente que prohibía al Departamento de Justicia y a su Juez Principal de Derecho Administrativo seguir adjudicando las quejas de ICE contra Walmart.

“Tras una audiencia, el tribunal de distrito concluyó que la protección legal del Congreso para la destitución, prevista en el artículo 7521(a) de la APA, para los jueces administrativos viola el Artículo II, ya que socava la facultad del Presidente de garantizar la fiel ejecución de las leyes”, detalló el primer fallo favor de Walmart.

Este fallo se mantuvo hasta el pasado 16 de julio, cuando el tribunal de apelaciones revocó esa decisión por presunta “equivocación” del juez del distrito de Georgia.

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