Una mañana de abril, un histórico acomodador de autos de los tribunales federales de Comodoro Py anunciaba a viva voz: “¡Junto adhesiones para Ariel!”. El trapito que buscaba los avales para el juez federal que busca llegar a la Corte Suprema es un hombre de nacionalidad peruana que durante años regentó el negocio de los lugares para estacionar en el espacio público frente a los tribunales ubicados en Avenida Comodoro Py 2002. Fue contratado en abril del año pasado como medio oficial en el juzgado federal 12, que se encuentra vacante y es subrogado por Ariel Lijo hace tres años, según corroboró LA NACION de documentos oficiales del Poder Judicial de la Nación. Esta muestra de lealtad, y hasta de apoyo silvestre, es apenas un ejemplo de hasta dónde Lijo está dispuesto a recurrir para lograr su máximo objetivo profesional. Sumó hasta el trapito a su campaña.

La colecta de adhesiones tuvo sus delegados en cada rincón del edificio en el que tramitan las causas del poder, desde el estacionamiento hasta la Cámara Federal de Casación Penal. En la Cámara Federal de Apelaciones, la secretaria general Susana Echeverría buscó los avales. Por los juzgados de primera instancia pasó la secretaria administrativa del juez, Sabrina Pan. La fiscal Alejandra Mángano buscó las firmas de sus pares y, en la Cámara de Casación Penal, el juez Mariano Borinsky hizo lo propio. Fuera de Comodoro Py también levantó el teléfono, con insistencia, la mano derecha de Ricardo Lorenzetti -principal auspiciante de la postulación de Lijo-, María Bourdin. Casi todo Comodoro Py se encolumnó detrás de la candidatura de Lijo, y todos siguen allí el poroteo de adhesiones. También hay una cuenta de quienes no firmaron, como los jueces Sebastián Casanello y Daniel Rafecas.

Como informó LA NACION, el juzgado de Lijo es conocido, entre otras atribuciones, por tener a muchos familiares de judiciales contratados en sus filas. Una expresión de su enorme influencia en los tribunales de Comodoro Py. Según la nómina de empleados a la que accedió este medio, y como confirmaron las fuentes consultadas, en el juzgado federal 4 trabajan los dos hijos del juez del tribunal oral Fernando Canero (uno es prosecretario administrativo y el otro es otro secretario), quien pasó por el juzgado 4 y luego compartió con Lijo el equipo de fútbol Camarilla FC, la hija de Mariano Borinsky y hasta los dos nietos de la jueza María Servini, aunque uno de ellos dejó su lugar en los tribunales hace muy poco tiempo. Pero el juzgado 4 no solo es cobijo de los judiciales, sino también de familiares de exespías: el hijo del exdirector de Análisis de la Secretaría de Inteligencia (exSIDE) Alberto Mazzino es jefe de despacho. Y la hija del exrepresentante de Diego Maradona Guillermo Coppola, allegado al en algún momento todopoderoso Antonio Stiuso, también trabaja allí como escribiente.

Lijo tiene tres juzgados a cargo: el propio, que es el juzgado 4; el 12, que quedó vacante tras la salida del juez Sergio Torres; y el 6, que sigue vacante tras la renuncia de Rodolfo Canicoba Corral. Cuando Canicoba Corral presentó su renuncia, en 2020, dijo en una entrevista a LA NACION: “No soy ni de lejos el peor”. Lijo fue consultado para esta nota pero no dio respuesta.

Los tiempos del juzgado

La red de relaciones que Lijo tejió a lo largo de su carrera en los tribunales explica, en parte, los avales que recibió en las últimas semanas. Pero el poder que supo acumular el juez federal en Comodoro Py deriva especialmente, según más de una decena de abogados penalistas consultados por LA NACION, de la conducta del juez para tramitar las causas que investigan a los poderosos, con demoras y una baja tasa de respuesta, ambas reflejadas en las estadísticas. Este desempeño moroso fue uno de los focos de cuestionamiento en las impugnaciones presentadas por distintas asociaciones civiles y referentes en la lucha por la calidad institucional, y que además le valió denuncias en el Consejo de la Magistratura.

Cuando el Consejo de la Magistratura cerró en 2016 auditoría realizada sobre el fuero federal, en el juzgado de Lijo ya se advertían grandes demoras en el avance de los expedientes. Habían pasado, en un plazo de 20 años, 161 causas de las cuales 95 habían sido terminadas y 66 estaban, todavía, en trámite. De los 66 expedientes que se encontraban en trámite, 37 (56,06%) tenían menos de tres años, 12 (18,18%) tenían entre tres y seis años, 14 (21,21%) tenían entre seis y diez años, y tres (4,55%) tenían más de diez años.

De los 95 expedientes que se encontraban culminados, 63 (66,32%) habían tramitado en menos de tres años, 13 (13,68%) habían tramitado en un lapso de entre tres y seis años, 14 (14,74%) habían tramitado en un lapso de entre seis y diez años, y cinco (5,26) habían tramitado en más de diez años.

En 2017, frente a una denuncia por las demoras en los expedientes, Lijo envió un comunicado a los consejeros, con el “único objeto de brindar mayor transparencia institucional” para refutar que los expedientes estuvieran pisados, lo que en el juzgado calificaron como “inexactitudes”. La mayoría de las 28 causas a las que se refiere ese comunicado, que fue emitido hace siete años, sigue en trámite.

“Cuando vas a preguntar por el trámite de un expediente en el juzgado federal 4 siempre hay una medida produciéndose. La sistematicidad es la demora. Lo que hace es generar pedidos como medidas de prueba y entonces, desde lo formal, la causa no está atrasada porque mientras hay medidas en desarrollo los plazos no corren”, dijo un abogado que además tuvo funciones en el Poder Judicial y conoce los tiempos de los juzgados federales. “Te manda un exhorto a cualquier parte del mundo y, si un tiempo después, llega la respuesta, él manda una repregunta”, agrega.

“Su estilo es tan emblemático que no le cierra las causas ni al mejor jugador de fútbol de la historia argentina, ni a un ministro de la Corte, ni a un expresidente. Imaginate la conducta para el resto de los ciudadanos”, dijo un histórico penalista que litiga en Comodoro Py y que interviene en dos causas que llevan años abiertas en el juzgado 4. “La causa abierta permite un favor en el tiempo, genera poder”, agregó.

El abogado se refiere a casos resonantes como el de Correo Argentino, que lleva siete años abierto y aletargado con un peritaje en proceso. Los imputados, entre quienes se encuentra además de los directivos de la firma Correo el exministro de Comunicaciones y de Defensa Oscar Aguad, fueron indagados hace cinco años pero aún no se conoció una resolución sobre su situación procesal. Ese caso es un factor de preocupación para Mauricio Macri, aunque Lijo no lo tiene como imputado.

También al caso judicial sobre la Fundación Messi, que investiga las cuentas y los movimientos de dinero de la fundación creada por la familia Messi. Ese expediente, en el marco del cual Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario de la fundación, sigue en trámite y sin movimientos, mientras que la denuncia radicada en España por los mismos hechos fue cerrada, según supo LA NACION de fuentes judiciales.

Una de las más importantes impugnaciones que recibió la postulación del juez federal por su nivel de datos estadísticos fue el del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Sociales y Penales (Inecip), que citó un análisis cuantitativo que hizo de las causas en el fuero federal. Tomó los casos que tuvieran alguna respuesta que le dé un cierre definitivo a la instrucción -es decir una elevación a juicio o sobreseimiento-. Según las estadísticas recogidas por Inecip, el juzgado de Lijo es, de los doce que hay en Comodoro Py, el que tiene la mayor cantidad de casos sin respuesta. Las cifras del estudio son de los años 2010, 2011 y 2012, los últimos disponibles en la web de estadísticas del Poder Judicial. “Tomamos tres años porque es el lapso que exige el Consejo de la Magistratura a los jueces que postulan a otro cargo judicial en cualquier tribunal inferior a la Corte”, explicaron desde Inecip a LA NACION.

“La falta de información pública sobre los juzgados de Comodoro Py es un reflejo de su falta de transparencia y calidad institucional, pese a lo cual ahora se busca premiar a ese problemático fueron con la designación de Lijo en la Corte. La poca información disponible corrobora las sospechas sobre el mal desempeño en sus 20 años como juez”, dijo Julián Alfie, director de Inecip, a LA NACION . Y agregó: “A casi dos meses del anuncio de su candidatura, el Gobierno sigue sin presentar un solo dato o argumento que justifique su postulación. Todos los datos que salen a la luz ponen en duda no solo sus méritos para llegar la Corte, sino incluso para seguir siendo juez de primera instancia”.

“El expediente se encuentra a estudios de los peritos para responder cada uno de los puntos periciales ordenados”, había sido la respuesta del juez en el escrito presentado al Consejo de la Magistratura respecto a la demora en la instrucción del caso por el vaciamiento y la expropiación de la empresa YPF. En ese entonces el caso llevaba 10 años abierto y al día de hoy ya son 18 sin que Lijo hiciera mayores movimientos. Acumuló denuncias y se aletargó, sin definiciones procesales, a través del envío de exhortos.

En las últimas semanas un factor externo al juzgado causó lo que podría ser un movimiento en el expediente YPF: el contador forense Alfredo Popritkin pidió constituirse como amicus curiae. Un antecedente al respecto de este tipo de pedidos es que, en el caso Ruta del dinero, los mismos jueces de la Cámara Federal aceptaron como querellante a la Asociación Civil Bases Republicanas, que estuvo presidida por Jimena de la Torre. El hecho de que el pedido fuera formulado por una asociación civil que se presentó como damnificada y de que no hubiera acusación fiscal en pie -dado que el fiscal Guillermo Marijuan había pedido el sobreseimiento de Cristina Kirchner en esa causa- motivó la resolución de los jueces.

El caso Ciccone, por el que Amado Boudou fue condenado, es el que tanto Lijo como el Gobierno nombran para dar cuenta de su compromiso en la lucha por la corrupción. Pero incluso en ese caso fue cuestionada su actuación. El juez partió la investigación y mandó a la justicia de Formosa el tramo que comprometía al gobernador Gildo Insfrán. Aunque Javier Milei destacó que “Lijo fue el juez que metió preso a Amado Boudou”, en el juzgado federal 4 sigue abierto el caso por el que realmente Boudou quedó detenido en medio de un operativo policial que tuvo alta difusión, que es el expediente en el que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. El caso lleva 12 años en el juzgado.

Otro caso por el que Lijo fue señalado en las impugnaciones es el emblemático caso de sobornos transnacionales conocido como Caso Siemens. Allí, fueron investigados y procesados los directivos de la empresa Siemens, acusados de pagar sobornos en Argentina con el fin de que la filial local resulte adjudicataria de una licitación para implementar un sistema migratorio e imprimir documentos de identidad. Los exfuncionarios argentinos implicados, entre quienes se encontraba Carlos Corach, nunca fueron investigados a fondo, pese a que la firma reconoció en una investigación en los Estados Unidos haber pagado sobornos a Corach y al expresidente Carlos Menem. La amistad de los hermanos Lijo y la familia Corach fue revelada en una nota de LA NACION, además de que se conoció que los hijos de Corach blanquearon montos millonarios de dinero que movieron en el exterior a través de cuentas offshore.

En el juzgado de Lijo hay casos abiertos y sin resolución contra dirigentes de distintas facciones políticas. El exministro del Interior Florencio Randazzo tiene una causa en trámite en ese juzgado por presuntas irregularidades en la compra de trenes a China. La denuncia que dio lugar a ese caso surgió en plena interna política entre Randazzo y Daniel Scioli, recuerdan conocedores de los pasillos de Comodoro Py. Lijo había fundamentado la demora del caso en que todavía estaba a la espera de la respuesta de China a un exhorto que había enviado. La respuesta llegó y China pidió más detalles de la denuncia, pero Lijo no respondió, según supo este medio.

Lijo también tiene abierta, en el juzgado federal 12, una investigación sin mayores movimientos contra María Eugenia Vidal por presunto enriquecimiento ilícito.

También interviene en las causas que se tramitan por presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial (Ospjn). A lo largo de los últimos años, Lijo recibió fuertes cuestionamientos desde la política y los tribunales por mantener “viva” una causa que, de manera indirecta, apuntaba al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda por su eventual responsabilidad en presuntos desmanejos de la obra social. El expediente principal está en su juzgado, el 4, pero como derivación se abrió otro expediente que está en el juzgado 12, también a cargo de Lijo. Por un pedido del Frente de Todos, Lijo obligó el año pasado a Aldo Tonón, el exdirector de la obra social a quien tenía imputado en su juzgado, a presentarse en la Comisión de Juicio Político mientras se llevaba adelante el proceso contra los ministros de la Corte. El juez federal también tuvo a cargo casos contra el juez Carlos Rosenkrantz y contra el asesor de Horacio Rosatti, Silvio Robles. Este último expediente fue iniciado por una denuncia del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de quien Lijo sabe que tiene los avales para llegar al máximo tribunal.

El crecimiento patrimonial del juez y el rol de su hermano Alfredo, conocido como uno de los históricos operadores judiciales en Comodoro Py, también fueron cuestionados, además, por todas las entidades y dirigentes que presentaron impugnaciones. Pese a los informes de inteligencia financiera y a los conocidos lazos revelados por LA NACION entre los hermanos Lijo y un sector de exfuncionarios que tuvieron problemas judiciales, ambos quedaron a salvo de las acusaciones que se presentaron tanto en el Consejo de la Magistratura como en el fuero federal, donde fueron sobreseídos por el juez Julián Ercolini.

​ Pese a las impugnaciones por su patrimonio y a los largos plazos para pronunciarse en los expedientes, el juez federal postulado para la Corte Suprema reúne los avales de Comodoro Py  Política