El Gobierno porteño avanza en la creación de un servicio penitenciario de la ciudad​

El Gobierno porteño avanza hacia la creación de un servicio penitenciario propio, que representaría un paso más en la transferencia de funciones desde el Estado nacional vinculadas con la seguridad pública que comenzó en 2016 con el traspaso a la órbita de la ciudad de los policías federales que reportaban hasta ese momento en la dirección de seguridad metropolitana. Jorge Macri y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmaron en los últimos días un convenio para “concretar en el menor plazo posible” el proceso que llevará a que las autoridades porteñas tengan plena responsabilidad sobre los presos que están imputados por delitos cometidos en su distrito y que no tienen alcance federal, como sería el narcotráfico, por ejemplo.

Para los funcionarios porteños se trata de un plan estratégico, ya que no solo esperan la transferencia de partidas que hoy son usadas por la administración nacional para el alojamiento y custodia de esos presos, sino que ven en la creación de un servicio penitenciario de la ciudad la posibilidad de dotar a la policía porteña de un flujo de información sobre lo que ocurre en las cárceles. Los datos obtenidos por la inteligencia penitenciaria son siempre un aporte importante en la mesa de análisis sobre comportamientos delictivos en las calles. Así lo entendió la ministra Bullrich que considera al Servicio Penitenciario Federal como la quinta fuerza de seguridad bajo su mando. La ciudad quiere darle también esa trascendencia.

La letra chica del convenio terminará de resolverse en los próximos meses en reuniones técnicas entre funcionarios porteños y nacionales. Uno de los puntos a definir es el traspaso o no a la ciudad de una parte de los penitenciarios federales, en un esquema similar al utilizado para fusionar en 2016 a más de 15.000 policías federales con los entonces integrantes de la policía metropolitana, situación de la que surgió la Policía de la Ciudad. En paralelo, la ciudad hará su propia convocatoria para la incorporación de agentes penitenciarios.

En el acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la Nación se detalló que el gobierno porteño no podrá en la primera etapa contratar a personal que se desempeñe en el Servicio Penitenciario Federal hasta que se resuelva la transferencia total de funciones a la ciudad. También se conversará sobre si corresponderá o no el traspaso de edificios. La cárcel de Villa Devoto está en ese aspecto, en la mira de los funcionarios porteños, que tienen un plan de incremento de las capacidades de alojamiento de presos que permitiría desactivar esa unidad que se instaló en el centro de la ciudad en 1957 y que tiene cupo para 1166 reclusos.

Al informar sobre el acuerdo alcanzado con Bullrich, el jefe del Gobierno porteño aseguró: “Es una buena noticia que nos va a permitir en un tiempo ir solucionando el problema que tenemos hoy con los detenidos. Es un paso más en el sentido correcto, con la voluntad de ambas partes de trabajar en conjunto”.

Macri estuvo acompañado por los ministros porteños de Seguridad, Waldo Wolff, y de Justicia, Gabino Tapia. Al referirse a los desafíos que hoy se le plantean a la ciudad por los detenidos en su territorio, las autoridades porteñas tienen en mente el colapso de los alojamientos en alcaidías y calabozos de comisarías por la convergencia de dos situaciones: más detenciones (22 por ciento de aumento interanual en delitos de robos y hurtos, por caso) y falta de lugar albergue para sostener ese ritmo de arrestos, necesario, por otra parte, para consolidar un mejor nivel de seguridad pública.

Hasta el momento, los procesados por delitos cometidos en territorio porteño quedan detenidos en las diferentes comisarías de la Policía de la Ciudad, que están excedidas en su capacidad. Eso fue motivo de fuertes cruces entre los funcionarios porteños y los nacionales durante el gobierno de Alberto Fernández, especialmente a partir de la pandemia, cuando el Servicio Penitenciario Federal redujo los cupos semanales reservados para alojar a personas detenidas en la Capital en el mayor establecimiento disponible en el territorio porteño: la cárcel de Devoto. Incluso, las autoridades porteñas habían recurrido a la Justicia, que le dio la razón y le impuso el año pasado al Poder Ejecutivo Nacional la asignación de cupos suficientes. Con el cambio de autoridades nacionales, el SPF habilitó un cupo semanal que varía entre los 70 y 90 lugares para quienes esperan traslados en calabozos de comisarías.

Para paliar la situación, mientras tanto, la Ciudad resolvió ampliar cupos en sus alcaidías comunales y, además, sumar plazas en estructuras provisorias como, por ejemplo, contenedores acondicionados especialmente para el alojamiento preventivo de detenidos por cortos plazos.

El paquete de medidas incluyó la instalación de 19 módulos de detención, “equipados y preparados para 300 detenidos”. Los mismos fueron ubicados en la Comisaría Comunal 12, en Saavedra; la Comisaría Comunal 15, en Chacarita, y la Comisaría Comunal 4D, en Barracas. De una alcaidía situada en ese último barrio se escaparon el mes pasado 11 presos, fuga que provocó el reemplazo de funcionarios porteños que tenían a su cargo el sistema de custodia de detenidos.

Ese trabajo de guardiacárceles en calabozos lo hacen policías porteños, que de esa manera quedan fuera del trabajo de prevención de delito callejero. Con la creación de un servicio penitenciario porteño se reacomodarían las tareas de vigilancia de presos. Y no son pocos los que están alojados en dependencias policiales, preparadas solo para el tránsito de detenidos hacia la excarcelación o el traslado a un penal.

Ese sistema cuenta con 798 plazas en las alcaidías y 243 en las comisarías. Desde hace un tiempo el promedio llega a los 2000 alojados.

Proyectos carcelarios

Más allá del inicio del proceso de transferencias de funciones penitenciarias, hay encaminadas dos alternativas para liberar los calabozos de comisarías. Por un lado, se reactivó el proyecto de construcción de una cárcel con capacidad para entre 1800 y 2200 presos porteños, en terrenos del Complejo penitenciario Federal de Marcos Paz. Y las autoridades porteñas y nacionales acordaron la cesión de otra parcela en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, donde la Ciudad instalaría módulos reubicables detención, aprovechándose la infraestructura perimetral existente en el ese centro carcelario.

Esos dos proyectos ganaron lugar sobre la idea de edificar una alcaidía central para 1200 detenidos en la zona sur de la ciudad, plan que sería dejado de lado, según explicaron a LA NACION funcionarios que conocen el detalle de las negociaciones penitenciarias.

La negociaciones entre las autoridades porteñas y nacionales son importantes en este tema, ya que las estadísticas de los últimos años marcaron que el Servicio Penitenciario Federal tiene un promedio de 11.500 presos y que más de la mitad llegaron a las cárceles por delitos cometidos en la ciudad.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó junto al subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, el egreso de 65 oficiales del Servicio Penitenciario Federal, en la escuela que el SPF tiene en Ezeiza. Al dirigirse a los nuevos agentes, la ministra dijo: “Ustedes conforman el sistema de seguridad argentino, son una fuerza de seguridad federal, no son celadores de presos y tienen la responsabilidad de garantizar la paz de la sociedad mientras los delincuentes están adentro”.

​ Comenzó el proceso de transferencia de funciones que hoy cumplen los guardiacárceles federales; instalarán módulos de detención reubicables en Ezeiza  Seguridad