El Gobierno confirmó que no modificará el decreto que restringe el acceso a la información pública​

Pese a la detracción que levantó en la oposición el decreto que restringió la ley de acceso a la información pública, el Gobierno confirmó este viernes que no modificará la nueva normativa. Esto pese a que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había marcado -cuando fue al Congreso el miércoles- cierta receptividad a introducirle cambios propuestos por los bloques aliados. Primó, entonces, la posición del estratega Santiago Caputo, que se resistía a dar marcha atrás, y del propio presidente Javier Milei, quien se molestó por ciertos requerimientos que exigían detalles sobre sus perros.

El encargado de sentar la postura oficial fue el vocero Manuel Adorni, a pesar del enojo de la oposición. Así descartó la ventana a un posible diálogo que había abierto Francos, pese a que evitó mostrar algún tipo de tensión con el ministro coordinador.

“Esto de las internas, peleas, discusiones entre funcionarios de alto rango, como Guillermo Francos, Santiago Caputo [en contra de ceder sobre el texto de la norma publicada en el Boletín Oficial], o cualquier persona cercana a Milei es falso. Nosotros siempre estamos dispuestos, bajo cualquier circunstancia, a modificar algo; no va a ser el caso este”, aclaró.

Siempre con la intención de no elevar las rispideces, el portavoz aseguró que “no hubo contradicción” en las palabras de Francos del miércoles, cuando fue a dar su informe de gestión. “Simplemente Francos entiendo que quiso expresar que estamos dispuestos a hacer cualquier modificación que vaya en contra de al ley, o que haya cosas que estén mal, pero no es este el caso en el que va a ocurrir”, insistió.

Para justificar esta postura inamovible de Milei y su séquito, Adorni expuso algunos requerimientos que llegaron al Ejecutivo. “Acá se trata de que el acceso a la información pública no sirva nada más que para eso y no destinar más recursos, para que toda la sociedad esté informada de lo que pasa en el Estado nacional, que es el espíritu de la ley, pero no que la información vaya en contra de la privacidad de los funcionarios”, dijo y fue ahí que alegó: “En esta gestión se multiplicaron por diez los pedidos. Por ejemplo: la marca de té que tomamos, la raza y el color de las mascotas, si son felices (esto creo que era en relación al perro de un funcionario), que no les tiene por qué importar. Nos preguntaron si Fernández cursó la Ley Micaela o qué materia dictaba en la UBA, cuántas quejas recibió el Registro de Brandsen en julio de 2010. Esto consume mucho recurso público y no hace a que la gente esté enterada de lo que pasa”.

Bajo la premisa de que este gobierno es el primero que va a “defender la transparencia y la honestidad”, el vocero detalló: “En 2020 hubo 57 pedidos de acceso a la información pública; en 2022 hubo 95; en 2023 hubo 65; y ahora, 558 hasta agosto. Esto no va en contra de la información, simplemente es tratar de ordenar cosas que no hacen al erario público o a la honestidad de los funcionarios, y que además concentra mucha utilización de recursos. No se ha recibido amparo y judicialización por las respuestas”.

Noticia en desarrollo

​ El encargado de sentar la postura oficial fue el vocero Manuel Adorni; así primó la posición del estratega Santiago Caputo, que se resistía a introducir cambios a la normativa, y de Milei, que se enojó por las preguntas por sus perros  Política