El mundo y el país no dan respiro. Cada vez menos. Para un Gobierno que se propone consolidar la estabilidad macroeconómica, pero, al mismo tiempo, se siente cómodo alterando casi todas las demás variables, los dos frentes que se le acaban de abrir pueden resultar un complicado desafío extra. Aunque sea de forma indirecta y directa, y resulten de naturaleza y dimensión muy diferentes.

Los dos frentes que se le acaban de abrir a la gestión de Javier Milei pueden resultar un complicado desafío extra. Aunque resulten de naturaleza y dimensiones muy diferentes.

En primer lugar, el definitivo involucramiento de los Estados Unidos en la guerra entre Irán e Israel, con el bombardeo a sitios estratégicos del programa nuclear del régimen de los ayatollah, incorpora un factor demasiado inquietante para el mundo y la Argentina no está margen, a pesar de la lejanía física del país con la zona de conflicto.

En este escenario, asoman también dos planos de preocupación para el Gobierno: el económico y el de la seguridad interior.

Para una economía en terapia intermedia y necesitada al extremo de inversiones y créditos, así como de cierta normalidad en el comercio internacional, semejante factor adicional de inestabilidad mundial no es una noticia halagüeña. En estas circunstancias el capital siempre busca refugios más seguros y previsibles. En el Palacio de Hacienda están obligados a hacer nuevos cálculos.

A eso se agrega otro elemento de fuerte resonancia local, como es una probable reaceleración de la inflación mundial.

El inmediato e inevitable aumento del precio del petróleo y del costo de los fletes ya tuvo impacto en los surtidores y en los bolsillos argentinos desde que empezó la guerra abierta entre Israel e Irán. Justo cuando el Gobierno ha decidido sacrificar o postergar otros ordenamientos macroeconómicos y la acumulación de reservas para no afectar su mayor éxito de gestión y uno de sus principales (si no el principal) activo político, en un año electoral, como es la sostenida baja del índice general de precios, que en mayo perforó el duro piso del dos por ciento.

Ese efecto negativo, además, no será compensado en lo inmediato por la cara benéfica que tiene el aumento del precio para un país que ya se ha convertido en exportador neto de petróleo. Para gozar de esa renta extra habrá que esperar un poco más.

El otro plano en el que tiene puesta la mirada el Gobierno es el de la seguridad interior. En las últimas horas el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Migraciones han reforzado los controles de ingresos al país y se ha incrementado el despliegue de fuerzas de seguridad en los que consideran objetivos estratégicos, como las embajadas de Israel y de Estados Unidos y establecimientos de la comunidad judía en todo el país.

“Reforzamos la seguridad en todos lados y en todo el país. En las fronteras y en las redes sociales, porque recibimos amenazas y para que se entienda lo que es el ciberdelito y la ciberseguridad”, dijo a LA NACION Patricia Bullrich.

La siempre combativa ministra no desaprovechó la oportunidad, como se ve, para justificar y defender el cuestionado y cuestionable decreto que recientemente le otorgó amplias facultades de ciberpatrullaje y espionaje interno a las fuerzas de seguridad a su mando y le dejó abierta a su cartera la posibilidad de ampliarlas. También respecto de las inquietantes disposiciones en similar sentido incluidas en el Plan de Inteligencia Nacional. Sus batallas siempre son todas las batallas.

Ningún experto se anima a determinar con certeza cuál es hoy la real capacidad de daño, fuera del conflicto bélico en sí, que conservan Irán y las organizaciones terroristas financiadas por el régimen, tras los exitosos ataques de Israel a esas milicias que bases fuera de las fronteras del país, el creciente aislamiento internacional del régimen y un fuerte debilitamiento interno y externo del gobierno iraní.

No obstante la mayoría de los consultados considera que el riesgo de atentados en el mundo instigados por Teherán a modo de represalia sigue siendo muy elevado. Y la Argentina es vista, otra vez, como un objetivo probable. No solo por el alineamiento total del gobierno de Milei con los Estados Unidos e Israel.

Los atentados de 1992 y 1994 contra la embajada de Israel en esta ciudad y la sede de la AMIA, luego de que la Argentina se involucró en la Guerra del Golfo como un derivado de las relaciones carnales con los Estados Unidos, están demasiado frescos en la memoria colectiva e institucional del país. Tan frescos que la justicia federal se apresta, justo en estos momentos, a iniciar el juicio en ausencia contra los funcionarios del gobierno teocrático de Teherán, acusados de haber estado involucrados en esos los dos ataques terroristas más sangrientos de la historia nacional. Un elemento adicional al de la política internacional.

A eso habrá que sumar un nuevo factor de riesgo local, como es la nacionalidad argentina del jefe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, a quien el régimen parece haber incluido entre sus principales enemigos. A pesar de que el experto dice mantener abierto el diálogo con funcionarios del gobierno iraní, de seguir dispuesto a viajar a Teherán y de haber hecho un llamado dramático a retomar las negociaciones por entender que de no lograrse “la violencia y la destrucción podrían alcanzar niveles impensables y el régimen global de no proliferación nuclear podría colapsar”. Así de sobrecogedor es el escenario.

Una nota del diario Teherán News, considerado una voz de los sectores más radicalizados del régimen iraní, definió ayer a Grossi como el tercer integrante de lo que llamó “el triángulo del mal”, junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y al premier israelí, Benjamin Netanyahu. Acusan al titular de la OIEA de haber dado argumentos a los Estados Unidos para bombardear sus plantas. No faltan motivos para estar alertas.

Demasiadas aristas preocupantes ofrece la nueva realidad internacional, que en algunos países centrales reavivó el temor a una tercera guerra mundial, y como se advierte no deja exenta de riesgos a la Argentina.

Sin embargo, numerosos integrantes del cuerpo diplomático nacional y expertos en política internacional advierten que el Gobierno carece de una perspectiva acabada y amplia para comprender y para actuar en consecuencia en este escenario, sesgado por visiones dogmáticas y reduccionistas. Algo no muy diferente a lo que ocurre en otras materias, aunque esta entraña riesgos urgentes y de gravedad extrema. También acá se requiere de más profesionalismo y precisión que el que suele observarse y encontrarse en ciertas áreas de la administración libertaria.

El interior también existe

Muchísimo menos dramático y, tal vez, de efectos solo a mediano y largo plazo es el nuevo frente interno de desafío al Gobierno, que parece haber empezado a conformarse, encarnado por los gobernadores. Aunque no por su menor intensidad y urgencia es descuidado ni merezca descuidarse.

Después de varios años de hibernación y de exitosas acciones para pasar inadvertidos, los mandatarios provinciales han comenzado a sacar las cabezas de sus respectivas provincias, a dejar de actuar como llanero solitarios y a iniciar un proceso de reclamos más colectivo, que le ha quitado las telarañas a la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI. Allí donde alguna vez existió lo que se conoció como la Liga de Gobernadores, que supo inquietar al menemismo en su ocaso y puso en jaque al gobierno de la Alianza, presidido por Fernando de la Rúa (o De la Duda, como lo llamaban algunos en ese espacio).

La pronunciada caída en la coparticipación, el incumplimiento de promesas de recursos y obras públicas, más la crítica situación que atraviesan las cajas de jubilaciones de algunas provincias y la disparidad del ajuste han acercado a gobernadores cuyas realidades económicas y pertenencias políticas son demasiado disímiles.

La reunión que mantendrán hoy los mandatarios en el CFI reforzará ese espacio grupal y sus respectivas demandas. Por eso, el Gobierno se propone desactivar algunos reclamos para lo que ofrecerá un acuerdo respecto del fondo del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que debería destinarse al mantenimiento vial y, como lo advierte cualquiera que transite por muchas de las destruidas rutas nacionales, no se está asignando.

Para eso, se avalúa la posibilidad de coparticipar esos recursos, dado que la administración nacional se ha desentendido de ejecutar las obras respectivas. También el Gobierno estaría dispuesto a dotar de cierta institucionalidad y previsibilidad a la asignación de los aportes del tesoro nacional (ATN) que han sido y son un canto a la discrecionalidad. Con ellos se ha premiado gobernadores aliados, amigos o amigables, cuyos legisladores nacionales han facilitado el tratamiento de proyectos del oficialismo o han trabado iniciativas opositoras en el Congreso y con los que se ha castigado a los mandatarios opositores. También lo han sufrido los que, por necesidad o conveniencia, se han rendido sin condiciones al mileísmo.

Recientes contactos cercanos de gobernadores, algunas expresiones hostiles de mandatarios que hasta hace nada eran funcionales al Gobierno (caso Osvaldo Jaldo, de Tucumán) y un comprobado y creciente deterioro de las cuentas y del humor social en alguna provincias, como consecuencia de las políticas económicas nacionales y la asignación de recursos, muestran un cambio de escenario, de cuya profundidad y alcance todavía es difícil dimensionar. Pero abre un nuevo desafío.

El año electoral también aporta su cuota de inestabilidad y demandas, aún en provincias donde parte del electorado de los gobernadores en el plano provincial se solapa con el de Milei en el terreno nacional. Es el caso de Córdoba, pero no el único. El impacto en el empleo y en la actividad económica, que caen más que el promedio nacional, encendieron algunas alarmas y despertaron el instinto de supervivencia.

A todo eso se suman realidades particulares, como las disputas internas que existen en oficialismos provinciales, donde algunos dirigentes amenazan con ir por con listas al margen de las oficiales, lo que abriría una rendija a una derrota a manos de postulantes libertarios. Es lo que habría motivado la advertencia de Jaldo a Milei, con un duro planteo que no tuvo precedentes a lo largo del año y medio de gobierno libertario, al que sus legisladores nacionales le dieron generoso soporte en el Parlamento, luego de haberse escindido de la bancada perokirchnerista.

No son, sin embargo, estas expresiones las que más inquietan, sino algunos acercamientos fruto de problemas y realidades compartidas que se observa entre gobernadores de las provincias más pobladas del país.

En la región centro, que fue el cinturón de fuego cambiemita donde empezó a horadarse la hegemonía kirchnerista y logró hacer pie Milei para llegar a la Presidencia, hay evidencia de que se estaría incubando cierto malestar, que, por ahora, no se expresaría más que en la ratificación de la tendencia abstencionista récord registrada en los primeros seis comicios provinciales.

A nadie escapa que el eje vertical cordillerano, destinatario de la mayoría de las inversiones y principal beneficiado y apuesta del actual modelo económico, no tiene, por cuestiones demográficas, la dimensión electoral con la que cuenta el eje horizontal medio del país.

No es un desafío para desatender. Aunque sea menos urgente, como el que acaba de abrir el dramático contexto internacional.

​ El dramático escenario global, a partir del involucramiento de Estados Unidos en la guerra entre Israel e Irán, genera preocupación para el Gobierno tanto en el plano económico como en la seguridad interior  Política