En el Gobierno se está dando una intensa migración interna del poder. En las últimas horas se confirmó que Diego Chaher, que hasta ahora se desempeñó como interventor de los medios públicos –Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Educ.Ar– pasará a controlar las más de 20 empresas del Estado en una “Unidad Ejecutora” que dependerá de la Jefatura de Gabinete. Su objetivo, según trascendió en la Casa Rosada, será “acelerar” los procesos de “privatización, liquidación, fusión o transferencia” que estén autorizados por ley.

Chaher reemplazará así a Mauricio González Botto, secretario de las Empresas del Estado (todavía no renunció), alguien que supo ser una espada del eyectado Nicolás Posse. Se trata de un área apetecible por la magnitud de las operaciones que tienen las empresas estatales y por los proyectos de venta a los privados que quiere encarar Javier Milei.

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Si bien en los papeles Chaher estará subordinado al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el flamante ministro coordinador siempre aclaró internamente que no pretende estar encima de las empresas públicas. En la práctica, el nuevo titular de las sociedades del Estado trabajará espalda con espalda con el estratega presidencial Santiago Caputo, que sigue expandiendo su influencia día tras día.

“La gestión de las empresas la harán los directorios de las áreas específicas, como obras públicas o transporte. Chaher va empujar la privatización, la liquidación o la transferencia de las empresas que estén permitidas por ley”, dijeron muy cerca del Presidente a LA NACION. El ascendido funcionario deberá hacer que las sociedades resulten apetecibles para los privados y buscar los oferentes para eventualmente venderlas. En la Ley Bases que se votó en Diputados por ahora figuran las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina SA (Enarsa), RTA, Intercargo, AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales SA. La venta de la aerolínea de bandera, no obstante, está muy cuestionada en el Senado.

La nueva “Unidad Ejecutora” a cargo de las empresas públicas –se creó esta figura para agilizar el área– también obtura la posibilidad de que las sociedades estatales pasen a ser controladas por Federico Sturzenegger, como se especuló en algún momento. Tal como anticipó LA NACION, Milei quiere asignarle a su economista “coloso” una cartera dedicada únicamente a la modernización y la desregulación, pero no quiere entregarle las empresas públicas ni recortar atribuciones a Luis “Toto” Caputo.

Ascenso de Chaher

El Gobierno decidió ascender a Chaher pese a que la agencia Télam hoy está en un limbo y no se cerró, como había anunciado Milei el 1° de marzo. La Casa Rosada considera al interventor un “buen alumno”, porque 400 trabajadores de la agencia de noticias (aproximadamente la mitad de la planta) aceptaron un retiro voluntario sin que el conflicto escalara a una judicialización, como ocurrió en la era de Mauricio Macri.

Sin embargo, nunca existió un instrumento jurídico que avale la clausura de la empresa. La primera semana de marzo, el Gobierno dio de baja el sitio de Télam y las fuerzas de seguridad impidieron el ingreso al edificio de sus trabajadores. Luego se abrió un proceso de retiros voluntarios que duró 85 días. Los trabajadores de la empresa advierten que “Télam SE sigue existiendo”, porque hasta ahora no hay un proceso para convertir a la agencia en una sociedad anónima (para eventualmente liquidarla) ni un concurso preventivo de crisis en la Secretaría de Trabajo.

En la TV Pública y en Radio Nacional –que también cerraron sus webs y cesantearon empleados– Chaher buscó reducir los pagos de horas extras. Además, fijó un nuevo sistema de contenidos para que sean las productoras las que cubran sus costos con auspiciantes privados.

Según pudo reconstruir LA NACION de distintas fuentes oficiales, uno de los planes que circula en el Gobierno es el de “fusionar el ecosistema de medios públicos”. Es decir, integrar el personal y los activos de RTA, Télam, Contenidos Públicos, el Incaa, Arsat y Bacua para conformar una única compañía que produzca contenidos. El plan de privatización de los medios, no obstante, sigue en pie. Télam, por su parte, sostendría su agencia de publicidad.

Respecto al resto de las empresas del Estado, el objetivo del Gobierno es que estas reduzcan al mínimo las necesidades de asistencia del Tesoro Nacional hasta que puedan ser privatizadas. Hasta ahora, González Botto consiguió un ahorro anualizado de US$1400 millones. En lo referido a los trabajadores (que suman más de 90.000 en todas las sociedades), hasta ahora las desvinculaciones llegaron a un 5%, pero el objetivo oficial es llevar a ese número a un 25% hacia fin de año.

Fuentes del Gobierno aseguran que, por caso, Aerolíneas Argentinas ya redujo su déficit operativo en un 82% y que Correo Argentino llegó a un “punto de equilibrio” tras la reducción del 25% de la planta (2000 cesantías).

Empresas grandes como AySA ya avanzaron con el retiro voluntario de 8000 empleados y apuntan a llevar ese número a 12.000 para fin de año, con el objetivo de no necesitar más transferencias del Tesoro para el mes de diciembre. Trenes Argentinos Infraestructura y Belgrano Cargas pretenden llegar a ese punto de equilibrio en febrero de 2025.

Entre los planes que elaboró el Gobierno y que pudo reconstruir LA NACION, además de las privatizaciones, figura la cesión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) a la provincia de Santa Cruz y de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a las provincias de Catamarca y Tucumán, y la fusión de Dioxitek (que garantiza el suministro de dióxido de uranio a las centrales nucleares) con Nucleoeléctrica Argentina (NASA).

​ Fue ascendido el interventor de los medios públicos, que a partir de ahora trabajará palmo a palmo con Santiago Caputo; los proyectos en carpeta para fusionar empresas estatales; despidos y procesos de venta  Política