NEUQUÉN.– La sesión de la Legislatura de Neuquén que podría derivar en la suspensión de la vicegobernadora y presidenta del cuerpo, Gloria Ruiz, salpicada en una causa por presunta defraudación al Estado y protagonista de una crisis institucional de magnitud, se desarrollaba esta tarde en medio de una tensión política creciente. Y no es para menos: lo que estaba en juego es si se reunirían los dos tercios necesarios para suspender a la funcionaria.

Los diputados provinciales trataban un proyecto de resolución que apunta a declarar la inhabilidad moral de Ruiz, apartarla provisoriamente del cargo, dar de baja los contratos irregulares de los que se la acusa y crear una comisión investigadora con legisladores de todos los bloques para llegar al fondo del asunto.

Ruiz dejó en claro que está dispuesta a dar la pelea: en lugar de ausentarse de la sesión, como sucede en otros cuerpos legislativos cuando un debate afecta al titular de la Cámara, Ruiz se hizo presente en la Legislatura y preside la sesión. No solo eso, responde e interrumpe las intervenciones de los diputados que promueven su apartamiento. Es más, declaró que el intento es inconstitucional y convocó a un escribano para que registre lo actuado.

“Quiero dejar constancia que voy a ejercer mi derecho constitucional a defenderme”, dijo Ruiz al iniciar la sesión, en la que participan 34 diputados. En las tribunas del recinto se podían ver banderas de Desarrollo Ciudadano, el partido vecinal que creó Ruiz cuando era intendenta de Plottier y que integra el Frente Neuquinizate, un espacio político con amplitud de ideologías que ganó las elecciones provinciales de 2023 con la fórmula del actual gobernador Rolando Figueroa, y Ruiz.

Claudio Domínguez, diputado del Movimiento Popular Neuquino, uno de los autores del proyecto y miembro informante en la sesión, aclaró que el objetivo es separar de manera preventiva a la presidencia de Legislatura para constituir una comisión de investigación de manera amplia.

“La comisión investigadora estará a cargo de los presidentes de cada uno de los bloques, que tendrán días hábiles de plaza para llegar a una conclusión. Se les dan amplias facultades pero respetando los derechos constitucionales de los implicados”, dijo.

“No hay que tener miedo a que se investigue ni tener miedo a ser investigado”, expresó Domínguez, a lo que respondió Ruiz: “Estoy acá poniendo la cara por eso, diputado”.

Domínguez aclaró que la “inhabilidad moral” no responde a la comisión de un delito sino a una figura legal que responde a actitudes reprochables para funcionarios públicos. “Un funcionario público tiene la responsabilidad moral de prevenir hechos de corrupción bajo su administración”, dijo el diputado y aclaró que no se puede “permitir ni hacer la vista gorda” a este tipo de actos de corrupción, ya sea por acción u omisión.

Luego tomó la palabra Ernesto Novoa, diputado por Comunidad, el partido oficialista que integra el mismo frente Neuquinizate. Aseguró que en el recinto “no se evalúan cuestiones penales sino morales” y recordó que, según el reglamento, la presidenta del cuerpo no puede emitir opiniones del debate de los diputados y sólo votar en caso de empate.

“No soy yo, es la Constitución”, dijo Novoa, a lo que Ruiz respondió que la investigación es inconstitucional porque no existen pruebas en el expediente que la incriminen.

Darío Peralta, diputado de Unión por la Patria, dijo que no se puede ignorar “la pelea de esta pareja política que nos vendieron a los neuquinos y que esta pareja no supo resolver”. Afirmó que si hay una sospecha de corrupción en la presidencia del Poder Legislativo, implica corrupción en la conducción de la provincia. “No llegó de la nada, fue la compañera con Figueroa”, expresó.

El legislador aclaró que “esto deja un precedente preocupante porque cualquier vicegobernador junta 24 votos y saca a un gobernador”. Expresó, a su vez, la preocupación de un posible autoritarismo de un gobierno que se jactaba de tener previsibilidad. “No encontré en nuestra Constitución provincial que exista la separación preventiva”, dijo Peralta y aclaró que la situación es compleja.

A su vez Carlos Coggiola, diputado de Comunidad, aclaró que la herramienta de separación del cargo para investigar una causa, “que podría ser inocente”, tal como se hizo a nivel nacional. Opinó también el diputado de Pro Marcelo Bermúdez, quien aseguró “que sería interesante escuchar su defensa y su descargo y que eso forme parte del debate de un proyecto que está en consideración y no está aprobado todavía”.

La vicegobernadora Ruiz aclaró que no podía defenderse porque no estaba imputada y no la habían informado de qué delitos la acusan. A eso, el diputado del MPN Gabriel Álamo explicó que los legisladores no buscan acusar ni imputar a alguien por un delito, pero que sí están habilitados para formar una comisión para investigar en el marco de la ley. “No podemos mirar para otro lado, es nuestra responsabilidad ante la ciudadanía”, expresó.

El origen del escándalo

El escándalo de corrupción de Neuquén se desató este viernes, cuando el Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó allanar la Legislatura provincial, el complejo cultural Casa de las Leyes y la vivienda de Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora, que fue designado por ella como coordinador de ese espacio cultural y a quien se investiga por haber transferido casi 30 millones de pesos de las cuentas del Poder Legislativo a su cuenta bancaria personal.

Tras la publicación de un comunicado en el que Ruiz develó tensiones en su relación con el gobernador y su compañero de fórmula, Rolando Figueroa, el mandatario afirmó que estaba “decepcionado y dolido” con ella, aunque aseguró que iba a respetar la división de poderes en cuanto a su futuro al frente de la Legislatura de Neuquén.

Horas más tarde, la vicegobernadora brindó una entrevista a Canal 7, donde aseguró que el pedido de “inhabilidad moral” es una maniobra política para alejarla de su rol, ya que ella no está acusada de ningún delito y su hermano todavía no fue imputado en la causa por supuesto peculado y defraudación a la administración pública.

“Estamos hablando de la Legislatura de la provincia de Neuquén, estamos hablando de democracia. Yo no puedo creer el atropello. Este es un golpe de Estado a la democracia, a la institución de la Legislatura. Yo no puedo creer lo que está pasando, lo que están haciendo”, dijo y agregó. “Es político porque me quieren correr del lugar, porque evidentemente soy un estorbo, porque levanto la voz, porque cuestiono, por ejemplo, el tema de las escuelas”.

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“Esto es grave lo que están haciendo los diputados”, dijo y aseguró que “los diputados van a hacer lo que pida el gobernador, excepto algunos que por suerte tienen su independencia de poder decidir”.

La investigación por los movimientos bancarios de su hermano comenzó a partir de un artículo en el diario Río Negro que aseguraba que Ruiz contrató en la planta política de la Legislatura al menos a 10 familiares. “Fui prudente y no quise salir a hablar porque estaba abocada a tratar el tema de los tres presupuestos”, dijo y afirmó que le aclaró a los jefes de todos los bloques que sólo había contratado a tres parientes, que tienen nombre y apellido y están todos transparentados.

Por su parte, el fiscal a cargo de la investigación, Pablo Vignaroli, afirmó que el nepotismo no está penado por la ley, por lo que “no es reprochable judicialmente”, pero sí motivó a los diputados provinciales a tratar una posible separación de su cargo por “inhabilidad moral”.

En caso de que el proyecto obtenga los votos necesarios, la Legislatura será presidida por la actual vicepresidenta primera del Poder Legislativo, la diputada Zulma Reina, una política de extensa trayectoria que fue ministra de Educación de Neuquén durante la gestión de Jorge Sapag y que también forma parte del frente Neuquinizate, que llevó al poder a la fórmula de Figueroa-Ruiz.

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Este miércoles, la Fiscalía avanzó con nuevos allanamientos en dos oficinas de Registro del Automotor de Plottier, donde se buscan legajos sobre la compra y venta de vehículos por parte de Ruiz y su entorno. Según informó el fiscal Vignaroli a LMNeuquén, la investigación se basa en la reciente adquisición de tres autos.

La renuncia de los abogados libertarios

El escándalo sumó este miércoles un nuevo capítulo cuando se conoció la renuncia de labogados, que habían asumido su defensa unas horas antes y que están ligados al presidente Javier Milei: se trata de Francisco Oneto, excandidato a vicegobernador bonaerense de La Libertad Avanza, y Roberto Rallín. Ambos patrocinaron al libertario cuando fue denunciado durante la campaña electoral de 2023.

“En el día de ayer, y por compromisos profesionales asumidos con anterioridad, nos vemos en la obligación de apartarnos del asesoramiento de la Sra. Gloria Ruiz”, dice el breve comunicado dado a conocer este miércoles por Oneto y Rallín, que provocó todo tipo de interpretaciones en el ámbito local: desde que la cúpula libertaria le pidió a Oneto que tomara distancia del caso o que el apartamiento había sido solicitado por la gobernación neuquina, que encabeza Rolando Figueroa. Consultado por LA NACION, Oneto negó que el Gobierno le hubiera solicitado dejar la defensa de Ruiz.

No lo entendió así la propia gobernadora, que en un comunicado propio, afirmó sin dobleces que Oneto y Rallín fueron “presionados” para renunciar. “Si presionaron para bajar al abogado que contraté, imagínense cómo estarán presionados varios legisladores para cambiar su voto, que no comparten este atropello a la democracia. Gracias a Dio se siguen sumando más abogados de renombre que están dispuestos a acompañarme. Más fuerza tengo para seguir adelante”, manifestó.

La incorporación de Oneto y Rallín a la causa había sido anunciada ayer por la vicegobernadora. “Por este medio, informo que el Estudio Oneto & Rallin Abogados y Consultores serán quienes me acompañen jurídicamente en el tiempo que dure este atropello institucional al que me veo sometida”, comunicó Ruiz en sus redes sociales.

Además de ser el candidato a vicegobernador de Carolina Píparo en 2023, Francisco Oneto –junto a Rallín– se presentó como abogado de Milei en Comodoro Py en octubre del año pasado, cuando el entonces candidato presidencial acumuló cuatro denuncias penales en pocos días: tres apuntaban a una supuesta “intimidación pública”, por sus dichos sobre el valor de “excremento” de los pesos, y la cuarta era por calumnias e injurias e incitación al odio. En este caso, la promovió Patricia Bullrich, a la que Milei había acusado de “poner bombas en jardines de infantes”.

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