Contactos con la política | La Suizo Argentino: la droguería mencionada en los audios que motivaron despidos en el Gobierno​

Los audios conocidos en las últimas horas, que sugieren la existencia de coimas en el área de Discapacidad, derivaron en la salida de dos funcionarios y le abrieron al Gobierno un nuevo frente judicial.

Pero la voz en aquellas grabaciones −que sería la del ahora extitular de Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo− también toca al universo privado.

Específicamente, menciona a una de las empresas más importantes del país en el rubro de la distribución y almacenamiento de medicamentos e insumos de salud, la Suizo Argentino S.A, que más recientemente ensanchó sus actividades, incursionando en otros rubros, como la estética y la nutrición animal.

La firma, con más de 100 años de recorrido y varias plantas de stock distribuidas a lo largo de todo el país, registra vínculos con la política, especialmente con el peronismo, y lazos comerciales con el Estado.

Sus socios, según los documentos a los que pudo acceder LA NACION, son Eduardo Kovalivker −hoy alejado de la actividad y abocado a la escritura−; sus hijos Emmanuel y Jonathan; y Marcela Sandra Viner.

Luego de que los audios vieran la luz pública −que pese a estar editados sumieron al Gobierno en un silencio prolongado y derivaron en la salida de Spagnuolo y del director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel María Garbellini−, se formalizó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py, impulsada por el abogado de Cristina Kirchner Gregorio Dalbón, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi.

Sin embargo, no es la primera vez que la empresa es vista de cerca por la Justicia. El abogado Alejandro Sebastián Díaz Pascual la denunció en agosto de 2024 por presuntas irregularidades en una adjudicación, según dijo, sin licitación, de un servicio por $24.000 millones, también con la agencia Andis que lideraba Spagnuolo.

Aunque la causa fue archivada tras una primera tanda de medidas −que descartaron que la firma mayorista hubiera sido favorecida− el expediente reveló la dimensión de algunas de sus operaciones con el Estado: solo el año pasado y en el marco de un programa puntual, la droguería cobró un monto cercano a los 15.000 millones de pesos.

Al ser citado a declarar, Diego Mizrahi, un asesor de la agencia, sostuvo que los pagos aludidos en la denuncia eran falsos: no solo se trataba de montos menores, sino que se habían corrido a través de los canales normales de contratación.

Explicó que fueron realizados en el marco de un programa federal bajo la órbita de Andis, el “Incluir Salud”, diseñado para cubrir la demanda de medicamentos de muy alto costo, y señaló que todas las compras resultaron de una competencia entre empresas, realizada a través de un sistema interno −el Sipfis−, por el cual se publican, en simultáneo, todas las ofertas y se elige de entre todas ellas la más barata.

Agregó que los 24.000 millones de pesos señalados en la denuncia fueron solo “adjudicados” a la compañía, pero que los pagos solo se efectivizan una vez entregado el producto.

Según surge en esas actuaciones, en 2024, Droguería Suizo Argentina S.A. recibió pagos por un total de $15.118.052.371. Ese importe, constituye casi el 20% de todos los desembolsos realizados en ese programa, de acuerdo a los informes que la propia Andis aportó a la Justicia. El 80% restante se distribuyó entre otros 57 proveedores del rubro.

La causa tramitó en el Juzgado Federal 11, que subroga Sebastián Casanello, y se cerró en febrero de este año, luego de que el fiscal Carlos Rívolo pidiera el archivo. “De la documentación remitida se desprende que el procedimiento es competitivo y que la Droguería a Suizo Argentina S.A. no habría recibido trato diferencial”, señaló el fiscal.

Vínculos con el peronismo

En 2020, la compañía alcanzó un acuerdo con el entonces gobernador de Tucumán, Juan Manzur, para montar en la provincia una de sus plantas de almacenamiento y logística, a cambio de una serie de beneficios impositivos.

Los términos del entendimiento −que dividió aguas en la Legislatura pero que tomó cuerpo en la Ley 9.258− fueron los siguientes: la Suizo quedaba exenta de pagar Ingresos Brutos durante cinco años, a cambio de realizar una inversión de $400 millones e instalar un depósito de 8000 metros cuadrados en el parque industrial de la provincia, un proyecto a largo plazo que garantizaría la creación de 100 nuevos puestos de trabajo y funcionaría como centro de distribución de medicamentos para farmacias, hospitales y sanatorios.

“Exímese, por un plazo de cinco (5) años, del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la firma SUIZO ARGENTINA S.A.”, dice la ley, que lleva la firma de Osvaldo Jaldo, entonces vicegobernador y presidente de la Legislatura, hoy a cargo de la gobernación.

LA NACION se contactó con la compañía pero hasta el momento de esta publicación obtuvo respuesta.

En 2022, cuando la planta se materializó, el gobernador Manzur celebró la inversión a través de una publicación en X.

Felicito a Jonathan Kovalivker y Pablo Viner, directivos de una empresa con más de 100 años de historia, que apuesta al desarrollo nacional con una gran inversión y una expansión sostenible
Agradezco al compañero secretario general de la CGT @hectordaer por acompañar este avance

— Juan Manzur (@JuanManzurOK) November 25, 2022

“Felicito a Jonathan Kovalivker y Pablo Viner, directivos de una empresa con más de 100 años de historia, que apuesta al desarrollo nacional con una gran inversión y una expansión sostenible. Agradezco al compañero secretario general de la CGT, Héctor Daer”, escribió el exministro de Salud.

Pablo Viner, que es director de la droguería y gerente de una de sus empresas de apoyo, Log In Farma, también registra lazos con la política. Tal como consignó este medio en su momento, figuró entre los aportantes de mayor peso de Carlos Heller en 2009, cuando el diputado encabezó la lista del kirchnerismo en la Ciudad.

​ El 2024, la agencia de Discapacidad le pagó más de 15.000 millones de pesos; la Justicia miró de cerca el vínculo, pero descartó irregularidades; el acuerdo con Manzur  Política