Caso Loan: indicios que apuntan al tráfico de órganos​

Los más de dos meses transcurridos desde el hecho y los múltiples escándalos políticos que estallaron los últimos días no deben desplazar nuestra atención sobre un tema de importancia crítica: la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña y de muchos otros niños y niñas de nuestro país que son víctimas de la llamada trata de personas y sus órganos.

Es que el riñón o corazón de un niño como Loan, puede valer en el mercado europeo cerca de 200.000 dólares. Si bien no hay cifras oficiales en el país, según las estimaciones de fundaciones como Missing Children o Alameda desaparecen al año más de un centenar de preadolescentes de entre 6 y 12 años. Y eso que en estas estimaciones no se cuentan los menores que simplemente “desaparecen” de la custodia de sus padres, sin que siquiera se formule denuncia penal o habiéndola, se concluya en un fugaz archivo del expediente. Lo que justamente hubieran querido, al parecer, los acusados por encubrimiento (art. 277 del Código Penal) en el dictamen realizado por el Fiscal Federal Guillermo Marijuan. Me refiero al Comisario Maciel, a un senador provincial y (según el fiscal) al mismísimo secretario de seguridad y hasta el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

Según informes de Naciones Unidas, se trafican anualmente entre 1 y 2 millones de personas, especialmente mujeres y niños. Y en un 30 por ciento de los casos su finalidad es la venta de sus órganos.

¿Pero cómo enfrentar al negocio del tráfico de órganos? Una manera efectiva es atacando su “talón de Aquiles”: el fruto económico de sus crímenes

Se estima que el flagelo de esta verdadera ‘esclavitud del siglo XXI’ genera ganancias superiores a los 32.000 millones de dólares anuales y se ubica entre las tres fuentes de ingresos principales de la delincuencia organizada, superando incluso al tráfico de drogas y armas (ONU, Annual Report on Drugs and Crime, 2023).

El avance de este fenómeno trae aparejado que las investigaciones penales sean cada vez más dificultosas. Los grupos dedicados al tráfico de órganos cuentan con recursos técnicos y financieros con capacidad para perturbar la correcta administración de justicia. Sobornan a testigos y extorsionan a sus víctimas para que no pongan en aviso de sus crímenes a la autoridad judicial. Este es el caso de Laudelina (la tía de Loan) que tardíamente denunció que un “abogado del poder de Corrientes” (textual), le entregó 50.000 pesos en efectivo y promesas de la casa propia, para que denuncie en falso que el caso Loan se redujo a un accidente automovilístico. Tan absurda fue la falsa denuncia que hasta el propio presidente de la Nación, Javier Milei, y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomaron nota del caso ordenando la urgente intervención de fuerzas federales especializadas en la investigación de la trata de personas.

Otro ejemplo claro de la impunidad con la que se desplazan los traficantes de personas y sus órganos, son las más de 100 denuncias impulsadas por la fundación “Missing Children Argentina”; sin que existan siquiera investigaciones serias al respecto.

¿Pero cómo enfrentar al negocio del tráfico de órganos? Una manera efectiva es atacando su “talón de Aquiles”: el fruto económico de sus crímenes. Según Barry Rider de la Universidad de Cambridge, la acumulación de bienes es el objetivo primordial de toda banda criminal: “Si no hay dinero, no hay incentivo para cometer delitos”. Y mientras más dinero se obtenga por la comercialización ilegal de órganos, más afloran las estructuras criminales flexibles, profesionales e impunes.

Los grupos dedicados al tráfico de órganos cuentan con recursos técnicos y financieros con capacidad para perturbar la correcta administración de justicia

Hay que apostar a la investigación patrimonial e inteligente de los delitos complejos, y la decisión de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo de realizar “perfiles socioeconómicos” del menor, sus familiares y de todos los imputados en la causa es un primer paso correcto en ese sentido.

Hay que apostar, además, al arribo a buen puerto de muchos otros casos como el de Loan, que cautiva a la opinión pública del país. Hay que apostar, en definitiva, a que los índices de inseguridad y violencia disminuyan a cifras lógicas y compatibles con la añorada “paz social”.

* El autor es abogado penalista y Counsel de la Corte Penal Internacional.

​ Los más de dos meses transcurridos desde el hecho y los múltiples escándalos políticos que estallaron los últimos días no deben desplazar nuestra atención sobre un tema de importancia crítica: la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña y de muchos otros niños y niñas de nuestro país que son víctimas de la llamada trata de personas y sus órganos.Es que el riñón o corazón de un niño como Loan, puede valer en el mercado europeo cerca de 200.000 dólares. Si bien no hay cifras oficiales en el país, según las estimaciones de fundaciones como Missing Children o Alameda desaparecen al año más de un centenar de preadolescentes de entre 6 y 12 años. Y eso que en estas estimaciones no se cuentan los menores que simplemente “desaparecen” de la custodia de sus padres, sin que siquiera se formule denuncia penal o habiéndola, se concluya en un fugaz archivo del expediente. Lo que justamente hubieran querido, al parecer, los acusados por encubrimiento (art. 277 del Código Penal) en el dictamen realizado por el Fiscal Federal Guillermo Marijuan. Me refiero al Comisario Maciel, a un senador provincial y (según el fiscal) al mismísimo secretario de seguridad y hasta el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.Según informes de Naciones Unidas, se trafican anualmente entre 1 y 2 millones de personas, especialmente mujeres y niños. Y en un 30 por ciento de los casos su finalidad es la venta de sus órganos.¿Pero cómo enfrentar al negocio del tráfico de órganos? Una manera efectiva es atacando su “talón de Aquiles”: el fruto económico de sus crímenesSe estima que el flagelo de esta verdadera ‘esclavitud del siglo XXI’ genera ganancias superiores a los 32.000 millones de dólares anuales y se ubica entre las tres fuentes de ingresos principales de la delincuencia organizada, superando incluso al tráfico de drogas y armas (ONU, Annual Report on Drugs and Crime, 2023).El avance de este fenómeno trae aparejado que las investigaciones penales sean cada vez más dificultosas. Los grupos dedicados al tráfico de órganos cuentan con recursos técnicos y financieros con capacidad para perturbar la correcta administración de justicia. Sobornan a testigos y extorsionan a sus víctimas para que no pongan en aviso de sus crímenes a la autoridad judicial. Este es el caso de Laudelina (la tía de Loan) que tardíamente denunció que un “abogado del poder de Corrientes” (textual), le entregó 50.000 pesos en efectivo y promesas de la casa propia, para que denuncie en falso que el caso Loan se redujo a un accidente automovilístico. Tan absurda fue la falsa denuncia que hasta el propio presidente de la Nación, Javier Milei, y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomaron nota del caso ordenando la urgente intervención de fuerzas federales especializadas en la investigación de la trata de personas.Otro ejemplo claro de la impunidad con la que se desplazan los traficantes de personas y sus órganos, son las más de 100 denuncias impulsadas por la fundación “Missing Children Argentina”; sin que existan siquiera investigaciones serias al respecto.¿Pero cómo enfrentar al negocio del tráfico de órganos? Una manera efectiva es atacando su “talón de Aquiles”: el fruto económico de sus crímenes. Según Barry Rider de la Universidad de Cambridge, la acumulación de bienes es el objetivo primordial de toda banda criminal: “Si no hay dinero, no hay incentivo para cometer delitos”. Y mientras más dinero se obtenga por la comercialización ilegal de órganos, más afloran las estructuras criminales flexibles, profesionales e impunes.Los grupos dedicados al tráfico de órganos cuentan con recursos técnicos y financieros con capacidad para perturbar la correcta administración de justiciaHay que apostar a la investigación patrimonial e inteligente de los delitos complejos, y la decisión de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo de realizar “perfiles socioeconómicos” del menor, sus familiares y de todos los imputados en la causa es un primer paso correcto en ese sentido.Hay que apostar, además, al arribo a buen puerto de muchos otros casos como el de Loan, que cautiva a la opinión pública del país. Hay que apostar, en definitiva, a que los índices de inseguridad y violencia disminuyan a cifras lógicas y compatibles con la añorada “paz social”.* El autor es abogado penalista y Counsel de la Corte Penal Internacional.  Opinión