“No comprendía la criminalidad de sus actos ni podía dirigir sus acciones en el momento del hecho.” Esa conclusión, incluida en el informe pericial al que accedió LA NACION, marcó un giro decisivo en la causa por el homicidio de María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 69 años.

El dictamen fue elaborado por el equipo interdisciplinario que evaluó al detenido, identificado por sus iniciales como F.N.A., y derivó en una serie de medidas judiciales: a pedido de parte, la jueza suspendió los plazos procesales, ordenó su internación involuntaria en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, bajo consigna fija, y se declaró incompetente para continuar con el trámite por razón de la materia. La Asesoría Tutelar apeló la decisión y pidió el sobreseimiento del imputado.

El ataque ocurrió pasado el mediodía del jueves pasado, en la avenida Corrientes al 3200, en la zona del Abasto en el límite entre los barrios de Almagro y Balvanera. Sin mediar palabra ni motivo aparente, el agresor golpeó a la mujer, que cayó al suelo y sufrió un fuerte impacto en la cabeza. El SAME la trasladó de urgencia a un hospital porteño, donde falleció esa misma noche. El sospechoso fue detenido horas después en el cruce de Córdoba y Junín por efectivos de la Policía de la Ciudad.

El hombre, de 30 años y en situación de calle, había quedado inicialmente aprehendido y fue derivado al Hospital Borda. Según registros oficiales, tiene 20 antecedentes penales —entre ellos robos, robos en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública— y múltiples internaciones previas en los hospitales Piñero, Durand y Borda por problemas psiquiátricos, con episodios de fuga de los centros de salud.

La víctima, nacida en Itapuranga y residente en Goiânia, era exfuncionaria judicial. Había viajado a Buenos Aires para acompañar a su única hija, que cursa materias en la Facultad de Medicina de la UBA. Permanecía en el país desde julio y alternaba estancias entre ambas ciudades. Tras su fallecimiento, la familia inició gestiones y una campaña para repatriar el cuerpo.

La Unidad de Flagrancia Este había calificado provisoriamente el hecho como homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer y mediando violencia de género (artículo 79, agravado por artículo 80, inciso 11, del Código Penal), además de lesiones leves agravadas por el mismo motivo (artículo 89, agravado por artículo 92, en remisión al artículo 80, inciso 11). La instrucción penal quedó radicada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 16. Desde allí, el Ministerio Público Fiscal informó que brinda contención y asistencia a la hija de la víctima a través de esa fiscalía y de la Oficina de Atención a la Víctima y Testigo (Ofavyt).

La resolución judicial se apoya en dos pilares: el dictamen pericial que indica que el imputado no está en condiciones de afrontar un proceso penal, y la necesidad urgente de adoptar una medida de seguridad que garantice tratamiento y custodia. Esa medida se concretó con la internación en el Borda, bajo consigna fija, ya convalidada por el juzgado civil interviniente. Sobre esa base, la jueza suspendió los plazos procesales —lo que frena el avance ordinario del expediente— y declinó su competencia por materia. Ahora será la alzada la que deberá resolver el planteo de la Asesoría Tutelar y definir el encuadre procesal definitivo del caso.

La suspensión de plazos interrumpe el cómputo de términos judiciales, como los requerimientos, incidentes o producción de pruebas, hasta que se esclarezca la situación sanitaria y jurídica del imputado. En paralelo, la internación con consigna fija implica que el equipo médico y la custodia deben informar periódicamente a la justicia sobre la evolución clínica del paciente, el cumplimiento del tratamiento y los riesgos para terceros.

Mientras tanto, los investigadores reconstruyen el último tramo del recorrido de la víctima por avenida Corrientes y el trayecto posterior del detenido hasta su captura. La hipótesis de un ataque sin motivo aparente surgió de los primeros testimonios y registros, y fue la base de la aprehensión inicial por tentativa de homicidio, luego agravada tras confirmarse el fallecimiento. El eje de la causa, ahora, es doble: procesal y sanitario. Qué hacer cuando los peritos sostienen que el acusado no comprendía la criminalidad del acto ni podía dirigir sus acciones, y cómo proteger a la comunidad mientras se garantiza un tratamiento adecuado.

El desesperado pedido de la hija

Tras la muerte de la jubilada, su hija, Carolina Bizinoto, hizo una serie de publicaciones para exigir agilidad en la liberación del cuerpo de su madre para poder llevarlo a Brasil y hacer el entierro allá. Sin embargo, el proceso está demorado por la realización de la autopsia correspondiente a un caso de una muerte violenta.

En paralelo, la familia encabezó una campaña solidaria para recaudar fondos para pagar el traslado de los restos de la mujer que solía pasar largas temporadas en el país junto a su hija.

En su perfil de Instagram, Bizinoto cambió una foto suya por otra con una cinta y un crespón negro.

En tanto, el Sindicato de Judiciales de Goiás manifestó “profundo pesar” por el fallecimiento de Da Silva Bosco y se sumó a los pedidos para juntar fondos y así repatriar el cuerpo de la señora a Brasil.

​ El agresor se había escapado de los hospitales psiquiátricos varias veces en los últimos años  Seguridad