Patricia Bullrich denuncia espionaje ilegal tras la purga policial que ordenó Kicillof y salpica a Bondarenko​

En un nuevo capítulo del enfrentamiento con Axel Kicillof por la purga de 24 altos mandos de la policía bonaerense por sus vínculos con el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Maximiliano Bondarenko, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, presentó hoy una denuncia por espionaje ilegal, persecución ideológica, discriminación y abuso de autoridad.

Fue después de que se filtraran presuntos chats entre Bondarenko y los policías acusados por el gobierno provincial de intentar conspirar contra la fuerza y de militar en favor del candidato libertario.

La presentación fue realizada ante la fiscalía general de La Plata. Según fuentes oficiales, la Justicia debe investigar cómo se accedieron a fragmentos de las conversaciones entre el postulante a diputado bonaerense de La Libertad Avanza en la tercera sección y los efectivos que fueron apartados si ninguno de los involucrados puso su teléfono a disposición o mediara una orden judicial.

“Esto puede ser un caso de espionaje interno. ¿Cómo accedieron a esos chats privados de WhatsApp? ¿Los estaban espiando?”, afirman en el Ejecutivo nacional.

La denuncia fue firmada por Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Nacional. Soto, abogado penalista, es uno de los colaboradores de Bullrich que se habían reunido con Bondarenko para asesorarlo sobre proyectos de ley vinculados al combate contra el delito.

La investigación interna que derivó en las cesantías partió de una denuncia anónima que apuntaba contra integrantes de la cúpula de la Policía Ecológica. Son efectivos con puestos de conducción que supuestamente realizaban desde hacía tiempo tareas políticas para Bondarenko.

En su presentación, la cartera de Bullrich remarca que “la División Asuntos Internos informó que recibió ‘pruebas que incluían conversaciones de WhatsApp, nombres, audios y diversos planes de acción para la Policía Bonaerense”.

Ayer, la administración de Kicillof denunció ante la Justicia un complot policial protagonizado por un grupo de policías bonaerenses que dijo que trabajaban para la campaña electoral del excomisario Bondarenko. En concreto, reclamaron investigar si los 24 uniformados conspiraron con Bondarenko para colaborar con su campaña y desestabilizar la gestión de Kicillof.

El aspirante de LLA rechazó las acusaciones de Kicillof. Dijo que tenía una relación de amistad con los policías acusados, con quienes compartió un “asado de camaradería” en Florencio Varela una semana antes de que fuera ungido como candidato.

En el escrito que presentó ante la Justicia, el Ministerio de Seguridad de la Nación subrayó que Bondarenko prestó servicio durante 25 años en la policía, con un “intachable legajo de conducta”. “Por su labor profesional ha formado vínculos con sus compañeros de trabajo, afianzados por toda una vida de relación. Ese grupo de compañeros y amigos, casi familiares de toda una vida -como es natural- se reúnen asiduamente”, señala el Gobierno en la denuncia.

Ayer, Bullrich acusó al gobernador de iniciar una “cacería de brujas”. “Kicillof odia a la policía”, remarcó.

Según indicó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, la decisión se tomó después de una rápida investigación interna que partió de una “muy detallada” denuncia anónima. Alonso sostuvo que la evidencia recolectada en la pesquisa demostraba que los efectivos involucrados tenían lazos con Bondarenko y pretendían intervenir la Policía bonaerense a través de un “golpe al comando institucional” y quedarse con puestos claves. “Estos policías se reunían periódicamente con el candidato [Bondarenko]. La terminal política es el candidato”, señaló el ministro, que desligó el corrimiento de los policías de la decisión de LLA de llevar a Bondarenko como candidato en la tercera.

El funcionario agregó que la militancia partidaria por parte de un efectivo, como la que habrían tenido los desplazados, estaba prohibida por la ley orgánica de la fuerza.

La Dirección de Asuntos Internos de la policía bonaerense realizó el martes un allanamiento en las oficinas de los efectivos que estarían involucrados, entre ellos, directores, subdirectores y jefes de operaciones, con cargos de comisarios mayores y comisarios inspectores.

Según el ministro Alonso, los involucrados “proyectaban una serie de medidas tendientes a avanzar con una reforma institucional”, con medidas de tipo “intervencionista” que incluían el retiro obligatorio de una serie de jefes para que ellos quedaran al mando de sus áreas.

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