Caso Cuadernos: el tribunal oral rechazó un planteo de Juan Manuel Abal Medina y dijo que debe ir a juicio por sobornos​

El tribunal oral del caso de los cuadernos de las coimas rechazó un planteo del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, que pidió quedar fuera del juicio oral y que su caso pasara a la justicia electoral. Los jueces dijeron que no estaba probado que los fondos que recibió de empresarios hubieran sido aportes para la campaña electoral de 2013, en negro, como él alegó. A Abal Medina se lo investiga por el presunto cobro de sobornos.

La decisión la tomaron los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, por unanimidad.

Los jueces recordaron que en el auto de elevación a juicio se describen 22 ocasiones en las que Abal Medina habría recibido dinero, mediante la intervención de funcionarios que trabajaban con él. El tribunal dijo que “la fiscalía valoró la correlación entre las anotaciones del chofer Oscar Centeno y el resto de la prueba” y que, para el Ministerio Público, “se probó, con el estándar exigido en este estadio procesal, que el imputado participó en la recepción de pagos efectuados, en carácter de coimas, por parte de distintos empresarios”.

Los jueces dijeron que enviar el caso a la Justicia electoral implicaría analizar que son aportes y no sobornos, y que eso sería hacer “una valoración acerca de los hechos y la prueba reunida que claramente excede el objeto del presente incidente y que tendrá lugar en oportunidad de celebrarse el debate oral y público”.

Ahora, Abal Medina puede apelar esta decisión ante la Cámara de Casación, y deberá resolver la misma sala que ya entendió que el empresario Ángelo Calcaterra realizó aportes de campaña y no pagos de coimas cuando entregó dinero al kirchnerismo. De hecho, algunos pagos a Abal Medina provinieron de la empresa de Calcaterra.

Abal Medina presentó este pedido ante el tribunal oral luego de que Calcaterra consiguió este año que la Justicia atendiera sus argumentos. Calcaterra está acusado de haber hecho 16 pagos en el garage subterráneo del hotel HiIton de Puerto Madero y señaló que esos pagos eran aportes para la campaña. El Tribunal Oral Federal N° 7, a cargo del juicio, rechazó sus pretensiones, pero la Cámara de Casación Penal hizo lugar al pedido del empresario.

Los jueces de la Casación Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone resolvieron enviar su caso a la jueza federal electoral María Servini. Pero el tema no está cerrado. El fiscal Raúl Pleé pidió anular esa decisión porqué la tomaron sin escuchar los argumentos de un organismo que es parte en el juicio, la Unidad de Información Financiera (UIF). Hubo una audiencia la semana pasada y ahora los jueces resolverán.

Abal Medina basó su reclamo actual en este fallo. En su momento, el juez Claudio Bonadio sacó del caso de las coimas y envió a la justicia electoral a otros imputados, pero obvió a Abal Medina. Sin embargo, Bonadio lo separó de la asociación ilícita dedicada a recaudación de sobornos y lo dejó con una acusación como partícipe secundario en un cohecho pasivo. Lo sobreseyó por la asociación ilícita y ese fallo quedó firme.

Abal Medina viene declarando desde 2018 que el dinero que recibió de empresarios fue para la campaña electoral. Lo dijo en su declaración del 9 de agosto de 2018 y a través de un escrito que presentó en ese momento al entonces juez Bonadio.

El exfuncionario mencionó que la totalidad de las “entregas/recepciones” de estos dineros ocurrieron y se limitaron “única y exclusivamente” al tiempo entre mayo y octubre de 2013, “justamente el período en el que se celebraron las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias); entre el 1° de Agosto y las Elecciones Generales de Legisladores del 27 de octubre -también de 2013- y, la última, el 22 de octubre, cinco días antes de los últimos comicios.

El exfuncionario y su secretario Martín Larraburu aparecen mencionados en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer del detenido exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido. “Lazarte y Hugo Martín Larraburu retiran dinero en una oficina de Puerto Madero para luego llevárselo a Juan Manuel Abal Medina”, escribió el remisero en los cuadernos que motivaron la intervención de la Justicia. LA NACION investigó el caso y aportó el contenido de esos cuadernos a los tribunales.

Abal Medina desvinculó a su secretario privado de cualquier responsabilidad con el argumento de que “actuó de acuerdo a sus instrucciones generales”, dijeron cerca del exjefe de Gabinete.

Abal Medina, en su declaración, señaló que Baratta era la persona que “recolectaba” los pagos que realizaban los empresarios para financiar la campaña. “Siempre entendí que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción”, indicó Abal Medina en un comunicado. También dijo desconocer quiénes eran los empresarios que hacían los pagos y negó cualquier vínculo con ellos.

​ Los jueces se negaron a enviar el caso a la justicia electoral; el exjefe de Gabinete puede recurrir esta decisión ante la Casación, que le concedió a Ángelo Calcaterra un pedido similar  Política