La estación de servicio PDV Sur ubicada en la intersección de Intendente Tomkinson y avenida Sucre, San Isidro, abandonada desde 2017, comenzó a ser refaccionada en las últimas semanas, situación que despertó la inquietud de los vecinos de la zona, que hacía años denunciaban los perjuicios que este establecimiento generaba en la zona.

Tras siete años fuera de uso, el edificio, que permanecía en estado de abandono y era vandalizado con frecuencia, comenzó a cambiar de aspecto: gran parte de su fachada ha sido pintada, mientras que el predio fue desmalezado y los vidrios rotos por intrusiones fueron cambiados.

LA NACION intentó consultar en reiteradas ocasiones a la empresa, pero no obtuvo respuestas. En tanto la municipalidad de San Isidro informó que las obras se dieron en el marco de una intimación y un acta de infracción que realizó la intendencia a la firma venezolana en enero pasado. La intimación, con fecha del 5 de enero, exigía a la empresa la limpieza, corte de malezas y desratización del predio. Al no obtener respuestas, señalan fuentes municipales, el 24 de enero “se labró un acta por infracción ante la falta de higiene y abandono del lugar y por representar un peligro para la salubridad, higiene y seguridad de la población”.

La ilusión inicial y el pronto desencanto

La estación formaba parte de la cadena de PDV Sur de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A, que Chávez inauguró en la Argentina en 2005. La firma desembarcó en el país con la adquisición de la red local de la cadena Sol Petróleo (Petrolera del Conosur S.A), que hasta entonces era propiedad de la empresa estatal uruguaya Ancap. Llegó a tener un total de 65 estaciones de servicio en el país, pese a que inicialmente había prometido abrir, solo en el primer año, 600.

El total de las estaciones de servicio independientes con contratos temporales con Sol fueron empapeladas con los afiches violetas de la flamante PDV Sur. También fueron empapeladas las cuatro estaciones que eran propiedad de la empresa uruguaya, entre estas, la ubicada en Las Lomas de San Isidro.

Pero tras una seguidilla de proyectos truncados de la filial argentina, sumado a problemas económicos en la casa matriz, el número de estaciones de servicio de PDV Sur comenzó a decaer pocos años después. La sede de San Isidro cerró de manera progresiva por falta de suministros –un surtidor a la vez– hasta que a mediados de 2017 dejó de vender nafta. El local de comidas funcionó unos meses más, cuentan los vecinos, hasta que finalmente, por falta de reposición de mercadería, dejó de abrir.

“Cuando los empleados se fueron, ya hacía meses que no cobraban el sueldo y estaban en juicio. Antes de eso, los pocos que quedaban en la estación me decían que no los habían despedido y que no querían renunciar por si la situación remontaba. Hacían turnos para que la estación no quedara sola, hasta que un día no volvieron más y esto quedó así. Cada vez está peor”, contó a LA NACION Arturo Reynoso, de 66 años, que hace 25 trabaja como encargado de una galería comercial lindera a la estación.

En la última década, vecinos y comerciantes de la zona denunciaron la presencia de “okupas” y robos, así como también distintos accidentes ocurridos en el lugar: como las tapas de los pozos de los surtidores fueron sustraídas, muchos de quienes aprovechaban para estacionar allí comenzaron a quedarse estancados, por lo que en 2023 el municipio decidió vallar el predio. También el año pasado, vecinos notificaron una llamarada que salía del techo del local de comidas, aparentemente ocasionada por un cortocircuito tras una entradera, que logró ser controlada pocos minutos después por los bomberos. También se denunciaron dos robos a las casas linderas, a las cuales los ladrones habrían accedido a través del estacionamiento del predio abandonado.

Hoy, los vecinos y comerciantes de la zona esperan que con las nuevas medidas la situación mejore. También muestran interés por saber qué va a suceder con la estación de servicio abandonada: si es que va a ser vendida o puesta en alquiler, o si simplemente permanecerá fuera de uso, como en los últimos siete años.

Cuando comenzó a dejar de funcionar, la empresa acumuló embargos judiciales y deudas millonarias. Para 2021 ya contaba con al menos 80 juicios de empleados y proveedores por salarios y pagos atrasados. Hoy, aunque la firma venezolana no opera en el país desde hace años, todavía continúa abierta, con una oficina de Retiro a su nombre. En tanto, informaron exempleados a LA NACION, la mayoría de los trabajadores despedidos aún no cobró su indemnización.

​ Propiedad de la filial argentina de la estatal Petróleos de Venezuela, la estructura comenzó a ser pintada y refaccionada en las últimas semanas; intimaciones municipales y denuncias de vecinos  Sociedad